Reestructuración, alimentación y salud: el reto de las cárceles
La nueva administración penitenciaria tendrá que atender las demandas de reestructuración, mejorar la atención médica de los internos
La reestructuración del sistema penitenciario, la atención médica, alimentación adecuada y el cumplimiento de la Ley 55 figuran entre los principales retos que deberá enfrentar el nuevo director de los centros penitenciarios, Fabian Camargo, así lo manifiestan diversos gremios de derechos humanos.
El exdirector de los centros penitenciarios de Colón y La Esmeralda, Pedro Pinzón, manifestó que: “Si antes se decía que las cosas estaban mal, ahora están peor porque las nuevas autoridades no han traído nada, no ha habido solución y no es una cuestión de defender a los privados de libertad, sino que ellos también tienen derechos fundamentales”.
Pinzón consideró que el Ministerio de Gobierno debe revisar la Ley 55, ya que esta normativa constituye una referencia fundamental para la regulación del sistema penitenciario y debe guardar relación con las garantías y los procedimientos penales.
En tanto, Agustín García, director de Voces de Paz Movimiento Unido, señaló que “creo que uno de los principales retos que debe asumir el nuevo director del centro penitenciario es la reestructuración total del sistema penitenciario, porque si vemos, ahorita mismo la Ley 55 no está haciendo totalmente normada ni administrativamente ni en composición dentro, en cuanto a custodios y Policía Nacional se refiere”.
El dirigente destacó que “la atención de salud representa otro de los grandes desafíos, especialmente por la situación de las personas privadas de libertad que padecen enfermedades crónicas y no estarían recibiendo sus medicamentos de manera adecuada”.
García planteó la necesidad de desarrollar giras médicas en los centros penitenciarios para evaluar las condiciones de salud de los internos, identificar los casos que requieren atención prioritaria y garantizar que cada persona reciba los tratamientos correspondientes.
Si embargo, el coordinador nacional de Enfermería y Salud Penitenciaria del Ministerio de Salud (Minsa), Félix Ríos, explicó que “actualmente los centros penitenciarios cuentan con clínicas de atención que disponen de personal médico y de enfermería, además de servicios de odontología y otras prestaciones que se coordinan mediante las regiones de salud”.
Ríos detalló que los equipos realizan atenciones de medicina general, enfermería y odontología, así como jornadas extraordinarias, giras médicas y programaciones especiales, de acuerdo con las necesidades de cada instalación penitenciaria.
En materia de tuberculosis, señaló que existen áreas de aislamiento para pacientes, entre ellas una de las principales ubicadas en el Complejo Penitenciario La Joya, como parte de las medidas destinadas a contribuir al control de posibles brotes y brindar seguimiento a las personas diagnosticadas.
En cuanto al VIH, explicó que el Complejo Penitenciario La Joya cuenta con una clínica destinada a la atención de las personas privadas de libertad que viven con esta condición, mientras que en las demás regiones se brinda seguimiento mediante las Clínicas de Terapia Antirretroviral (TAR).
“Nosotros como Minsa le damos el servicio a la instalaciones dentro de las cárceles, inclusive cualquier recluso que deba ser transportado a un centro de salud u hospital lo recibimos”.
“Los privados de libertad no tienen los medicamentos para tratar sus enfermedades, las autoridades deben hablar sobre lo que en realidad está ocurriendo en los centros penitenciarios”.
“Entre los principales problemas que enfrentan las cárceles se encuentran la corrupción y la ineficacia de quienes están frente a esta institución; debe haber más conocimiento de los temas”.
“Los sistemas penitenciarios están funcionando como una pantalla sin autonomía real y sin saber exactamente cuales son las condiciones que están atravesando los privados de libertad”
ml | El pasado jueves 12 de noviembre, 25 organizaciones sociales denunciaron la muerte de al menos diez privados de libertad durante los últimos dos meses, presuntamente por falta de atención médica y como consecuencia de una crisis alimentaria en los principales centros penitenciarios de Panamá.
Los fallecimientos habrían ocurrido en Nueva Esperanza, en Colón, La Joya y La Joyita, cárceles que albergan a 12.241 personas privadas de libertad, cerca del 50 % de la población penitenciaria del país.
Las organizaciones advirtieron que limitar, restringir o negar la alimentación a personas bajo custodia del Estado constituye una violación grave de sus derechos fundamentales, especialmente del derecho a la vida. La abogada Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que el primer caso registrado fue el de Gabriel Alveo, quien cumplía su condena en el centro penitenciario Nueva Esperanza, ubicado en la provincia de Colón.