Cuestionan ley que indemniza por daños al caer en huecos

Continúan las preocupaciones por el Anteproyecto de Ley 21 que establece normativa por indemnización a daños vehiculares de particulares, empresas y transporte público ocasionados por las instituciones gubernamentales y dicta otras disposiciones.

Al respecto, el diputado James Acosta, de la Comisión de Infraestructura, expresó su preocupación por el tema de inconstitucionalidad y los gastos que pueda generar al Estado.

“Debemos analizar más el impacto que va a tener una vez llegue a ser Ley de la República, todo el engranaje que debe cambiar, la estructura que se debe crear y el costo que va a representar para el Estado, tomando en cuenta la situación actual del país”, remarcó Acosta.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera aportó que “la propuesta podría ser viable, pero su efectividad dependerá de que quede bien acotada y operable, es decir, definir con precisión cuándo aplica, qué evidencia se exige, cómo se realiza el peritaje, y establecer plazos y topes. Sin esos criterios, puede volverse difícil de administrar y abrir espacio a controversias”.

El proponente, José Pérez Barboni, explicó que el proyecto se encuentra en una subcomisión para crear un documento con sentido lógico, sustento económico y con mecanismos claros. “La idea de este diputado no es que el Estado tenga que gastar miles de millones de dólares indemnizando a los panameños, la idea es que ese recurso se utilice de forma estratégica para tener las carreteras en buen estado”, dijo Barboni.

El expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Alberto López Tom, expresó que “el principal obstáculo es el impacto presupuestario y operativo para las entidades públicas y concesionarias, que podrían enfrentar un aumento significativo de reclamaciones si no se acompaña la ley de una mejora real en la infraestructura vial”.