Financiamiento, en el centro de la reforma electoral
El proyecto refuerza la fiscalización del financiamiento político para que el Tribunal Electoral pueda supervisar las operaciones relevantes de manera oportuna y no solo después de las elecciones. La propuesta está en primer debate
El proyecto de reformas al Código Electoral para las elecciones de 2029 mantiene el financiamiento mixto, pero propone nuevos controles sobre la distribución, las donaciones y los gastos de campaña.
¿Qué cambia?
El financiamiento público preelectoral se distribuirá en 93% para los partidos políticos y 7% para las candidaturas por libre postulación.
Los independientes deberán destinar 15% de su financiamiento preelectoral a propaganda y gastos de campaña.
Las donaciones privadas deberán contar con documentación que permita identificar el origen de los fondos.
Las donaciones en efectivo tendrán un límite de B/.1,000 por fuente y no podrán superar en total el 7% del tope de financiamiento privado del cargo.
Para diputados, alcaldes y representantes, se contempla utilizar recursos privados de hasta el 30% del tope de financiamiento correspondiente. Para candidatos al Parlacen, el límite de financiamiento privado subiría de B/.10 mil a B/.300 mil.
¿Qué se mantiene?
La propuesta mantiene el financiamiento público preelectoral, que representará el 50 % del financiamiento público total destinado a las respectivas elecciones.
También se mantienen los topes de financiamiento privado de B/.10 millones para la campaña presidencial y B/.300 mil para los candidatos a diputados.
En el caso de alcaldes y representantes de corregimiento, continuará aplicándose el mecanismo que calcula el límite de financiamiento privado de acuerdo con el padrón electoral de cada circunscripción.
“Tenemos el mejor sistema mixto de financiamiento; lo que necesitamos es tener números que correspondan a la realidad. Nuestra propuesta es que se baje al 0.5 % de los ingresos corrientes del año anterior”.
“En materia de financiamiento público corresponde analizar y revisar tanto el monto como su distribución. Si hablamos de B/.158.6 millones, debemos evaluar si esa cifra guarda proporción con la situación económica del país”-
“El proyecto de ley establece un 1% de los ingresos corrientes para el financiamiento público. Ante la situación económica del país, consideramos necesario reducir de manera significativa este financiamiento”.
“El Tribunal Electoral debe establecer mecanismos férreos de fiscalización, y quien no rinda informes sobre el uso de los dineros, debe ser sacado del escenario. Hay candidaturas que todavía están en mora”.
ml | La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional continuará mañana, en primer debate, el análisis del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.