La empresa y el Estado, por una responsabilidad social compartida

La responsabilidad social funciona cuando empresa y gobierno dejan de duplicarse y comienzan a complementarse. En Panamá hablamos mucho de responsabilidad social, pero pocas veces distinguimos entre la que nace en la empresa y la que le corresponde al Estado.

El resultado suele ser confusión: subsidios que se vuelven eternos, empresas que donan para la foto y un país que no termina de despegar, porque da la impresión, de que nadie deja que el otro haga su trabajo. La responsabilidad social no es un concurso de gasto. Es un sistema donde lo privado crea valor y lo público garantiza que ese valor llegue a más personas sin destruir el motor que lo produce.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) bien entendida

La RSE en Panamá no consiste en regalar mochilas en diciembre. Funciona cuando una empresa ayuda a resolver un problema social utilizando su propia ventaja competitiva.

Los bancos capacitando pymes en educación financiera, las cervecerías tecnificando productores agrícolas o las empresas de comunicaciones conectando escuelas rurales con internet son ejemplos que tienen sentido porque la empresa aporta conocimiento, capital y capacidad de ejecución.

El límite también es claro: cuando todo depende únicamente de donaciones voluntarias, el programa desaparece en la primera crisis. Y cuando la RSE es solo mercadeo sin resultados medibles, la gente lo percibe rápidamente. La buena RSE se mide en empleos creados, en pequeños negocios que crecen y en jóvenes que logran incorporarse al mercado laboral. No en “likes”.

La responsabilidad del Estado sin subsidios que asfixian

El Estado tiene un mandato distinto: garantizar bienes públicos esenciales. Agua, carreteras, educación, salud y seguridad. Su responsabilidad social es asegurar que esas bases existan para todos, independientemente de que una empresa haga o no programas sociales. El problema aparece cuando el Estado confunde responsabilidad con subsidio permanente.

Un subsidio puede ser válido si es temporal, focalizado y condicionado. El bono solidario durante la pandemia ayudó a miles de familias. El subsidio eléctrico protege a sectores vulnerables. Pero cuando los subsidios se vuelven universales, indefinidos y sin controles —como ha ocurrido con el combustible, el agua o el tanque de gas— aparecen las distorsiones. A esto se suman leyes populistas que garantizan aumentos automáticos a ciertos sectores estatales sin evaluar productividad ni meritocracia.

Entonces suceden tres cosas: el presupuesto se debilita, los servicios públicos pierden calidad y el empleo formal deja de ser atractivo. Panamá ya lo vivió con el subsidio al combustible en 2022. Costó cientos de millones de dólares y también benefició a quienes no lo necesitaban. Ese dinero dejó de invertirse en escuelas, hospitales e infraestructura. Ahí el subsidio deja de ser ayuda y comienza a convertirse en un freno para el crecimiento.

Cómo sugeriría deben complementarse

La clave está en evitar la duplicación de funciones. El Estado pone la cancha y define las reglas; la empresa juega el partido. Primero, en formación e infraestructura. Si Panamá necesita miles de técnicos en logística para fortalecer el “hub” regional, el Estado debe definir la estrategia y supervisar la calidad, mientras las empresas del sector ayudan a diseñar y financiar programas junto con universidades e instituciones técnicas. Así se evita crear programas públicos desconectados del mercado laboral. Segundo, en focalización.

El Estado puede identificar a las familias en pobreza multidimensional mediante censos e indicadores sociales. La empresa puede complementar ofreciendo empleo, capacitación y acceso a microcrédito. De esa forma, el subsidio deja de ser una chequera permanente y se convierte en una herramienta de transición. Tercero, en incentivos inteligentes.

En vez de subsidiar consumo indefinidamente, el Estado puede ofrecer incentivos fiscales a empresas que contraten jóvenes, inviertan en provincias con menor desarrollo o generen programas de formación técnica. La empresa gana competitividad y el país gana empleo sin aumentar el gasto corriente. Aunque hoy la relación entre empresa privada y gobierno parece más armoniosa que en años anteriores, todavía persiste una desconfianza mutua: parte del sector privado ve todo subsidio como populismo, mientras algunos sectores del Estado perciben toda ganancia empresarial como explotación.

La salida no está en competir, sino en complementarse. El Estado debe garantizar reglas claras, estabilidad y un piso mínimo de oportunidades. La empresa debe innovar, invertir y generar empleo productivo. Los subsidios bien diseñados pueden ser un puente temporal. Pero cuando se convierten en una cama permanente, terminan debilitando el esfuerzo, la productividad y el crecimiento. La verdadera responsabilidad social no es quién gasta más, sino quién logra que Panamá dependa menos de la ayuda y más de las oportunidades. Ahí es donde la empresa y el Estado dejan de verse como adversarios y comienzan a actuar como socios.

* El autor es comentarista de opinión.