La educación no puede convertirse en el impuesto que paga la familia panameña
La educación panameña está llegando a un límite que ninguna familia debería soportar. Mientras aumentan el costo de vida, el combustible, los alimentos y la inseguridad, también aumentan matrículas, mensualidades, libros, uniformes y transporte escolar, muchas veces sin estudios públicos que expliquen técnicamente el impacto de esos incrementos sobre el ingreso familiar.
El problema ya no es cuánto cuesta estudiar; es cuánto puede seguir soportando una familia trabajadora para garantizarle a sus hijos un derecho que la Constitución reconoce como fundamental. Y cuando una familia abandona el sector particular por incapacidad económica, la presión termina trasladándose al sistema oficial.
No podemos seguir administrando la educación con improvisación, mientras los padres cargamos solos una responsabilidad que constitucionalmente también corresponde al Estado.
Por eso, el veto presidencial al proyecto que impulsaba la reutilización de textos escolares merece una discusión nacional. Reutilizar un libro que conserva su vigencia académica no es retroceso: es sentido común, economía familiar y responsabilidad ambiental.
Como padres no pedimos privilegios ni gratuidad en el sector particular; exigimos regulación, transparencia, datos y justicia económica. El Estado debe establecer un sistema nacional de costos educativos que sustente cualquier aumento de matrículas, mensualidades y textos, protegiendo al consumidor sin desconocer la libertad de enseñanza. Porque la educación jamás debe convertirse en un mecanismo que expulse estudiantes por falta de dinero.
Si seguimos trasladando todos los costos a las familias, llegará el momento en que estudiar dignamente será un privilegio y no una oportunidad. Y cuando eso ocurra, Panamá no habrá perdido solamente dinero: habrá perdido una generación.
Cuando una nación permite que el precio de educarse determine quién puede avanzar y quién queda atrás, no estamos frente a un simple problema de matrículas. Estamos decidiendo qué país heredarán nuestros hijos.