Hay que tomar medidas responsables

En estas últimas semanas hemos estado escribiendo sobre los efectos del cese de operación de forma repentina o la detención inédita de las operaciones de la mina. Hay que recordar que ésta no fue una detención de operación producto de terminación de la vida útil de la mina, sino más bien por los eventos que todos conocemos. Cuando situaciones como éstas se dan, debemos tener mucho cuidado con la seguridad e integridad ambiental del área; ya que es de suma importancia que ciertos procesos se sigan ejecutando.

Pensemos en como se encuentran después de esta acción las comunidades aledañas. Sabemos algo de su bienestar y de los colaboradores que perdieron sus empleos, las empresas que han dejado de venderle a la mina. La verdad desconocemos que está ocurriendo en realidad, porque existe un silencio único del gobierno, que estoy seguro no va hacer nada y menos en periodo electoral. También está clarísimo que no contamos con el dinero, ni con el recurso humano en El Estado para poder hacernos cargo de todas las consecuencias nocivas que puede acarrear este abrupto e irracional cese de operación.

Desde hace rato se deben tomar las medidas necesarias para que se realicen las actividades indispensables, con el fin que no ocurra un daño gravísimo al medioambiente, pero las mismas deben ser ejecutadas por profesionales experimentados e idóneos en la materia con experiencia en el área.

Hay que preservar los equipos, la infraestructura existente y velar o controlar la presa de relaves. Ni hablar del tema de la preservación del tajo abierto, que necesita ser verificado permanentemente para que no se de un daño ambiental, que era la supuesta razón de los ambientalistas que protestaban contra la mina. La operación para la preservación mencionada conlleva operaciones de control de drenaje y erosión, gestión de aguas pluviales, etc., lo cual requiere de insumos y maquinarias especializadas y especialistas para operar estos equipos.

Todos estos ejemplos que hemos mencionado en las líneas anteriores, me llevan a asegurar que debemos empezar a explorar el diálogo con la mina. Nosotros no tenemos ni el dinero, ni el personal capacitado para hacernos responsables de un tema de tan grande envergadura. Debemos recordar que el fallo de La Corte, como hemos mencionado en artículos anteriores, no ordena ni el cese, ni el cierre de la mina. El fallo declaró inconstitucional un contrato, que podría renegociarse nuevamente cumpliendo con cada uno de los puntos que fueron observados en la inconstitucionalidad. Según mi punto de vista, éste es el mejor camino a seguir como país, para de esa forma aliviarnos consecuencias legales, económicas, medioambientales y laborales. Tampoco podemos dejar por fuera, que una decisión como ésta ayudaría de forma inmediata a generar miles de empleos, ayudar a activar la economía y que la inversión extranjera pudiera recuperar la confianza y volver a invertir sin temor en Panamá.

*Abogado y exadministrador de la ACODECO.