Fondos panameños afuera

La crisis bancaria paraguaya obliga a formular una pregunta incómoda: ¿quién responde cuando el dinero público queda expuesto a decisiones financieras contaminadas por intereses políticos? Los cuestionamientos alrededor de Ueno Bank y Santiago Peña muestran que la confianza institucional exige controles verificables, no discursos tranquilizadores ni relaciones personales entre poderosos.

Panamá presenta indicadores bancarios agregados superiores a los mínimos regulatorios, pero esa fortaleza no certifica automáticamente cada colocación extranjera. La liquidez del sistema no sustituye la evaluación del banco receptor, sus préstamos, sus vinculaciones empresariales ni su capacidad efectiva para devolver recursos cuando aparecen pérdidas, retiros extraordinarios o restricciones operativas.

Si existen recursos públicos panameños colocados afuera, corresponde exigir información precisa: montos, entidades receptoras, rendimientos, vencimientos, criterios de selección y responsables. Cobrar intereses no demuestra buena administración. Una tasa atractiva puede convertirse en una factura devastadora cuando se ignoran riesgos, se concentra dinero o se toleran conflictos de intereses evidentes.

No hay evidencia presentada que vincule fondos públicos panameños con Ueno Bank. Afirmarlo sería irresponsable. Pero esperar una crisis para investigar también sería inaceptable. La obligación política es prevenir: publicar exposiciones, justificar decisiones y someterlas a fiscalización independiente. El patrimonio público merece pruebas de protección, no promesas de seguridad absoluta.