¿Se deben reforzar las fronteras tras la posible entrada de capos colombianos a Panamá?

A.Rodríguez | El exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega Benítez, propuso la creación de una mesa de trabajo tripartita entre Panamá, Estados Unidos y Colombia, además de un reforzamiento temporal de los controles fronterizos y aeroportuarios, esto tras la publicación el pasado 18 de julio, de la revista Semana, que señala que presuntos cabecillas y testaferros de organizaciones criminales colombianas estarían refugiándose en territorio panameño, tras la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

Ante estas versiones, Ortega Benítez expresó que “las autoridades panameñas debieron reforzar de manera preventiva las fronteras, puertos y aeropuertos durante al menos 90 días, luego de las amenazas formuladas por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, contra grupos armados ilegales, entre ellas la erradicación de cultivos ilícitos y bombardeos”.

Asimismo, planteó la instalación de una mesa tripartita entre Panamá, Estados Unidos y Colombia para revisar las notificaciones internacionales de Interpol incluidas las circulares roja, azul y amarilla con el objetivo de identificar a personas buscadas por la justicia y fortalecer el intercambio de información sobre presuntos testaferros, financistas y personas vinculadas al lavado de activos y otras actividades ilícitas relacionadas con organizaciones criminales.

El exdirector del Senafront también sostuvo que: “El Estado panameño debe ser más firme frente a este tipo de aseveraciones y las autoridades de seguridad debieron emitir un pronunciamiento oficial de inmediato”.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad de Panamá no han emitido una declaración oficial sobre el tema. Sin embargo, el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis A. De Gracia, indicó recientemente que, “nuestros hombres están enfocados en analizar este tipo de información y corroborarla con las fuentes, de ser posible, para activar todo el engranaje institucional que permita verificar estos datos y adoptar las acciones correspondientes”.

De Gracia agregó que, aunque se mantienen comunicaciones con organismos de seguridad de otros países, hasta el momento no hemos recibido información específica relacionada con este caso.

Por su parte, la analista política colombiana, María Lucía Jaimes, señaló que, en primer lugar, es importante precisar que la información proviene de fuentes de inteligencia citadas por la revista Semana y que, hasta el momento, no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades panameñas. En ese sentido, insistió en que el tema debe manejarse con responsabilidad.

No obstante, consideró que el escenario es plausible. “Cuando un gobierno anuncia una política de mano dura, como lo ha hecho el presidente electo De La Espriella con su ultimátum al Clan del Golfo, estas estructuras criminales suelen buscar territorios donde perciben una menor presión. Panamá, por su cercanía geográfica, el Tapón del Darién, su centro bancario y sus puertos, representa un destino atractivo para este tipo de perfiles”, explicó.

Jaimes advirtió, sin embargo, que el mayor riesgo para Panamá no radica únicamente en la eventual llegada de estos cabecillas, sino en los recursos económicos que podrían movilizar. “Se habla de millonarios movimientos de dinero hacia el exterior. Eso implica riesgos de lavado de activos, adquisición de propiedades para ocultar capitales e infiltración en el sistema financiero”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que Panamá y Colombia deben reforzar de inmediato la cooperación bilateral mediante el intercambio de inteligencia en tiempo real, una mayor vigilancia sobre los flujos financieros y migratorios, y mecanismos de extradición más ágiles, dando continuidad a la coordinación anunciada entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el mandatario electo colombiano.

Finalmente, la analista consideró que las autoridades panameñas deberían pronunciarse cuanto antes sobre esta información. A su juicio, el silencio institucional contribuye a la especulación y puede afectar la reputación de Panamá como centro financiero internacional.