Condenados por asesinato, solicitan revisión del caso

La defensa de los hermanos Ávila Vega, condenados por homicidio, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para reabrir la investigación del caso de Marisol Angelina Barría Rodríguez, presuntamente asesinada en 1997 en La Chorrera, luego de que el Tribunal Electoral informara que en sus registros no consta la defunción de la mujer y que esta figura activa en el padrón electoral.

El abogado Eliecer Plicett explicó que, pese a que durante la investigación se practicaron pruebas de ADN que “resultaron negativas entre la occisa y sus padres”, el proceso continuó hasta derivar en una sentencia condenatoria de 14 años, la cual fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2023.

El jurista sostuvo que cuentan con documentación oficial que refuerza las dudas sobre el caso. “Marisol Barría no consta ningún documento de su muerte (...) el último trámite lo realizó el 14 de diciembre de 2022”, afirmó, al tiempo que cuestionó que actualmente haya personas privadas de libertad por este proceso.

En ese contexto, el Tribunal Electoral aclaró en un comunicado que “en la institución no consta el registro de la defunción de la persona señalada, ni por autoridad competente ni por familiar alguno”, y explicó que una persona se mantiene en el registro electoral mientras no exista un acto formal que modifique su estado civil.

Además, indicó que, en caso de no haberse inscrito una defunción, esta debe gestionarse ante el Registro Civil con la documentación correspondiente para que se actualicen los datos.Por su parte, la abogada defensora Norma González, representante legal de los hermanos Ávila Vega, indicó que han tenido que recurrir a instancias judiciales para buscar respuestas urgentes. “Sí, efectivamente nosotros hemos tenido que recurrir a los jueces de cumplimiento toda vez que requerimos de respuesta inmediata”, señaló.

Añadió que han solicitado medidas como la prisión domiciliaria mientras se esclarece el caso: “Hemos solicitado una audiencia de sustitución de medidas como es la prisión domiciliaria (...) también hemos solicitado que nuestros representados sean trasladados (...) porque están muy delicados de salud y no le están dando asistencia médica”.Familiares de los condenados también pidieron justicia y la revisión del proceso. Marisol Alabarca, pareja de uno de los implicados, manifestó que “se le ha acusado de algo que en verdad no hicieron”, mientras que otra familiar aseguró que la situación ha afectado gravemente a toda la familia.