Lombana plantea realizar reformas profundas a la Constitución

El candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (Moca) Ricardo Lombana acudió al Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración (CECPA), en compañía de su vicepresidente Michael Chen y los abogados Ernesto Cedeño y Julio Linares, para reunirse con la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

Según su equipo de prensa, Lombana fue invitado con el fin de informar si dentro de su plan de gobierno tiene contemplado aspectos concernientes a reformas para el mejoramiento de la justicia, así como también, conocer cuál es su posición frente al Pacto de Estado por la Justicia.

En su intervención, el candidato presidencial de MOCA dijo que “hasta que no se cuente con un sistema de justicia imparcial e independiente, Panamá no alcanzará el desarrollo ni se valorará la dignidad de la población”.

“En Panamá, la justicia no es igual para todos y a pesar de que se han logrado avances, aún persiste la desigualdad en esta materia”, dijo Lombana, quien considera que esta situación afecta la inversión extranjera y la generación de confianza, por la falta de certeza del castigo, eficiencia y eficacia en los procesos.

Explicó también que, de llegar a la Presidencia, en los primeros 100 días de gobierno iniciará un proceso para darle al país una nueva Constitución que, entre otras cosas, reduzca el tamaño de la Asamblea Nacional, procure un presupuesto equilibrado, cambie los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema y se eliminen los fueros y privilegios para políticos o funcionarios gubernamentales.

Además, planteó la necesidad de sacar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia y convertir a la Autoridad Nacional de Transferencia y Acceso a la Información (ANTAI) en una agencia de investigación de casos de corrupción pública y privada, ligados a fondos públicos.

El Pacto de Estado por la Justicia es un equipo consultivo creado en el 2005 con el propósito de aportar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia, elevándola a asunto de Estado.