La investigación tiene que darse

La semana pasada estuvo plagada de noticias “incómodas” para los ciudadanos de la República de Panamá.

La investigación hecha por un diario de localidad sobre el supuesto éxito de una abogada y su firma ha dejado en estado de ‘shock’ a las personas que salimos todos los días a ver como en forma honesta buscamos los ingresos suficientes para una vida digna.

No he conocido en los años que tengo de vida cuál será el emprendimiento para amasar esa cantidad de bienes y de efectivo en menos de tres años.

La misma investigación periodística reporta las declaraciones de renta de la firma, como cambiaron drásticamente de un año para el otro, cuestión que a todas luces habría que verificar.

Esto es así, producto que también la noticia incluye a un funcionario público de alta jerarquía, como una persona muy ligada a la profesional del derecho exitosa.

Es importante mencionar que cuando se habla de cercanía estamos hablando en dos vías, por un lado la vinculación de que la abogada trabajaba en la institución del alto funcionario, y por el otro lado, lo que menciona la noticia investigativa, que también existe una relación de amistad.

No podemos asegurar de que existe una situación ilegal en este cambio económico, pero lo que, si es necesario hacer, por la paz social, es que se abra inmediatamente una investigación, en donde la profesional puede demostrar que esos dineros fueron obtenidos en forma legal y no tienen nada que ver con su vinculación con el funcionario. Lo mencionamos porque desde antes de la entrada del presente gobierno, ya se hablaba de que existían cuentas en Contraloría que eran pagadas con prelación con respecto a otras, sin ninguna explicación.

De más está decir que el mismo presidente de la República de Panamá, en uno de sus discursos o entrevistas manifestó que hay que pagarles a los proveedores porque existían gran cantidad de cuentas que no eran canceladas.

Por lo tanto, es lógico pensar, que las mismas estaban estancadas o empantanadas, sin la más mínima oportunidad de poder cobrarlas porque existía algo que mágicamente abriera las puertas a ese cobro.

Vuelvo y repito, estamos compartiendo el sentir de gran parte de la población al enterarse de estos hechos, entonces lo más saludable es que exista una investigación, que permita que las personas involucradas puedan dejar su nombre y prestigio en limpio. De lo contrario, estaríamos hundiéndonos más en ese hoyo de falta de credibilidad de las autoridades para verificar la licitud o ilicitud de los actos de nuestro particulares y funcionarios públicos.

Es sano que esto se aclare lo más rápido posible y si las personas que están señaladas pueden demostrar que todo se hizo en forma transparente y legal, muy bien por ellos y por el país, pero sino lo pueden hacer, entonces que respondan por sus actos.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.