EDITORIAL: Justicia, opinión pública y medios de comunicación

La agresiva y diversificada expansión de los canales de información impone a los medios, y a los comunicadores, la responsabilidad de hacer la diferencia entre los rumores y los hechos confirmados.

Esto es especialmente importante cuando las redes sociales, además de sus muchos valores agregados, también intoxican la comunicación con distorsiones interesadas y noticias falsas.

Lo cual es preocupante, sobre todo en temas relacionados con la gestión de la justicia, ya que ahora muchos buscan convertir a los medios en estrados donde se juzgue y condene a quien se pretende perjudicar. La justicia reclama espacios y tiempos en los cuales le sea posible tamizar los hechos con equidad e independencia de criterio.

Pero no es lo que se le permite cuando en público se solventan argumentos al margen de los cauces que corresponden y se adelantan juicios con carácter de linchamiento mediático.

Deben entonces las empresas de la comunicación asegurar para las libertades de expresión e información la vigencia permanente del principio que rige el periodismo en todas sus manifestaciones: la confirmación irrestricta e irremplazable de la veracidad de los hechos sobre los que vaya a informarse.