Cuando falla el autocontrol, también falla el Estado

No son los conflictos los que revelan el carácter de un servidor público, sino la forma en que decide responder a ellos. La verdadera autoridad no se impone con fuerza; se sostiene sobre la regulación emocional, el criterio y la capacidad de contener la violencia, incluso cuando es provocada.

El reciente episodio que hoy conmociona al país debería trascender el debate sobre un hecho aislado para abrir una discusión más profunda: la salud mental de quienes ejercen funciones públicas. Administrar el Estado también implica administrar emociones. Un uniforme no solo confiere facultades legales; exige madurez psicológica, tolerancia a la frustración y un compromiso ético con la dignidad humana.

Panamá necesita que el ingreso a la función pública responda al mérito, la idoneidad y la estabilidad emocional, no a intereses políticos. Quienes portan autoridad, especialmente los cuerpos de seguridad municipal, deben someterse periódicamente a evaluaciones psicológicas rigurosas que permitan detectar desregulación emocional, consumo de sustancias, alteraciones del control de impulsos o cualquier condición que comprometa la seguridad de la ciudadanía y la integridad institucional.

La salud mental no es un requisito accesorio; es el cimiento invisible de un servicio público verdaderamente humano. Cuando el autocontrol desaparece, la autoridad pierde legitimidad y el Estado comienza a fallar en su misión más esencial: proteger a las personas.