Con hambre no se puede estudiar

La evidencia recogida por la Asociación de Padres de Familia (ANPAFA) de Panamá confirma un patrón de fallas estructurales en la planificación, ejecución y control del Ministerio de Educación (MEDUCA): retrasos crónicos en la contratación, uso de remanentes como solución improvisada y una distribución desigual del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. Este desorden administrativo, agravado por una fiscalización insuficiente, interrumpe un servicio que es determinante para la permanencia escolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más de 10,000 estudiantes abandonaron el sistema educativo en 2025, empujados por factores económicos, aislamiento territorial y carencias nutricionales.

En coherencia, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) advierten que la inseguridad alimentaria incide directamente en la asistencia y el rendimiento: el hambre no solo limita el aprendizaje, lo cancela. Fragmentar este programa no es un error técnico; es una decisión que profundiza la exclusión educativa y social.

El deterioro es sistémico y sus efectos trascienden el aula. A la inestabilidad del programa nutricional se suman infraestructuras en abandono, accesos inseguros (puentes y zarzos), déficit de materiales didácticos y procesos de compra ineficientes. Este colapso funcional erosiona la equidad y alimenta un círculo de vulnerabilidad: deserción escolar, rezago académico, desempleo juvenil y, en muchos casos, mayor exposición a la delincuencia, la violencia y la inseguridad pública.

Cuando el Estado falla en garantizar educación y nutrición, transfiere ese costo a la sociedad en forma de desigualdad y conflictividad. No es casual que territorios con mayores carencias educativas coincidan con mayores índices de violencia: la desorganización institucional se traduce en fractura social.

La corrección exige una reforma operativa inmediata y medible: planificación vinculante alineada al calendario escolar, contratos plurianuales con provisiones de contingencia, digitalización y trazabilidad total de las compras públicas, auditorías independientes en tiempo real y priorización presupuestaria de nutrición e infraestructura escolar. A esto debe sumarse una política interinstitucional que integre educación, desarrollo social y seguridad. Sin disciplina administrativa, transparencia y continuidad, el sistema seguirá reproduciendo exclusión; con ellas, la educación puede volver a ser el principal mecanismo de cohesión social y desarrollo sostenible del país.

* El autor es presidente de ANPAFA.