Renuncias, detenidos e investigaciones, a un mes del escándalo por maltratos en albergues

Mañana, 10 de marzo, se cumple un mes desde que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional revelara los detalles del informe sobre los abusos que sufrían menores de edad en diversos albergues que reciben apoyo económico estatal. Escándalo que ha evidenciado una falla sistémica, ha marginado a funcionarios a la abdicación y generado un movimiento social que pide justicia.

La veterana política Teresita Yániz detalló: “lo que más me preocupa es que no entiendo cómo todavía no hay un informe preciso. En Panamá nada más hay 58 albergues, en ellos hay alrededor de 900 niños y niñas, que ya han sufrido toda clase de abusos. No entiendo cómo no se ha publicado el nombre de los albergues, cuántos niños hay, cuándo fue la última vez que se inspeccionaron y qué se encontró”.

“Hay que seguir con esa presión de exigir que esto se resuelva, que sepamos qué está pasando”, dijo.

Por otro lado, Sandra Escorcia, arquitecta y fundadora del extinto partido Renovación Civilista, hizo fuertes acusaciones ante el avance lento de las investigaciones, “no hay director, sigue la ministra y su exvice en el mismo lugar. Los violadores y pederastas, que son hombres y cocotudos, brillan por su ausencia".

Mientras, el diputado independiente Juan Diego Vásquez argumentó que la salida de Mayra Silvera de su puesto fue ordenada desde el Ejecutivo para “cumplir” con la ola de reclamos, no obstante, afirmó que “esto no es suficiente”.

“La ministra del Mides es quien verdaderamente debe renunciar para comenzar una reingeniería real del sistema. Desde la Asamblea ya estamos adelantando las mejoras legislativas necesarias”, precisó.

El comentarista Juan Carlos Tapia manifestó que Panamá está encaminada a un futuro negativo “si en este país no podemos castigar a pedófilos, a religiosos tanto católicos como evangélicos, esta es una acusación que tendrá que probar la diputada Zulay Rodríguez, que permitieron abortos y sacar a estos menores a fiestas de pedófilos”.

El abogado Ernesto Cedeño, quien fue el primero en presentar una querella el 21 de febrero ante la Procuraduría de la Administración, resaltó que “lo único que quiero es rendición de cuentas. Si se administró el dinero bien, pues díganlo y punto. Pero actúen”.

Más tarde, el 4 de marzo, Emanuel Castro se apersonó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar a favor de las posibles víctimas y la Asociación de Estudiantes Universitarios denunció ante el Ministerio Público a Mayra Silvera y Carla García, exdirectora y exsubdirectora de Senniaf, y contra la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo.

El 5 de marzo, el jurista Donaldo Sousa interpuso una denuncia criminal por el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos contra los miembros de la Junta Directiva de la Secretaría de Niñez.

Hoy, el procurador general encargado Javier Caraballo rindió un informe sobre el avance de este caso en el que explicó que hasta el momento se han identificado a 20 víctimas por este caso.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, hay 18 investigaciones abiertas y se han realizado  entrevistas a más de 280 menores, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanzan los procesos.

Caraballo también informó que el informe de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional menciona a 14 albergues, sin embargo, el MP ha inspeccionado 56 de los 57 centros que hay a nivel nacional. En cuanto al albergue que falta por inspeccionar, destacó que no se ha revisado por contagio de Covid-19.

Asimismo, el funcionario sostuvo que han sido imputadas cinco personas y cuatro de ellas se encuentran detenidas.

Según referencias oficiales, el MP investiga anomalías cometidas contra menores por abusos psicológicos, abortos, operación sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales, mezcla de la población masculina y femenina, menores de edad con discapacitados y hasta adultos en rehabilitación por drogas.