Pensiones alimenticias: 600 denuncias al mes
Se presentan cerca de 600 denuncias mensuales por incumplimiento, equivalentes a unos 7,000 casos al año
El incumplimiento de las pensiones alimenticias sigue siendo una situación que afecta a numerosas familias en Panamá. Aunque actualmente no existe una estadística oficial que precise el total de casos de pensiones alimenticias de este año, expertos en derecho familiar estiman que se presentan aproximadamente 600 denuncias mensuales por incumplimiento, equivalentes a unos 7,000 casos al año.
El abogado de familia Orlando Rosales explicó que “una persona no puede suspender unilateralmente el pago de la pensión, aunque haya perdido su empleo o atraviese dificultades económicas. En estos casos, debe acudir ante un juez y solicitar una modificación de la obligación de acuerdo con su nueva situación financiera”.
De acuerdo con Rosales, cuando el incumplimiento es reiterado o intencional, las consecuencias pueden agravarse. El responsable de la pensión puede enfrentar un proceso penal por incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden oscilar entre uno y tres años de prisión.
Por su parte, el abogado de familia Ilychs Magdiel Morales, explicó que “las pensiones alimenticias pueden solicitarse desde la etapa prenatal y mantenerse hasta que el beneficiario cumpla los 18 años”.
Sin embargo, la obligación puede extenderse hasta los 25 años cuando el joven continúa sus estudios universitarios y puede acreditarlo. Morales aclaró que esta extensión no se genera de manera automática al cumplir la mayoría de edad, sino que debe solicitarse formalmente.
En cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, el abogado destacó que la legislación panameña reconoce los mismos derechos para todos los hijos. Esto significa que deben tener acceso a una calidad de vida acorde con la de sus hermanos, independientemente de la situación matrimonial de sus padres.
En este sentido, el abogado Emmanuel Cubilla consideró que los procesos relacionados con pensiones alimenticias deberían tramitarse con mayor celeridad en los juzgados, debido a que el tiempo de respuesta tiene un impacto directo en el cumplimiento de las necesidades de los menores.