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Mulino revisará el Decreto 10 tras quejas por nueva regulación de plataformas digitales

18 de abril de 2026

Ante la creciente ola de reacciones que ha generado la nueva normativa de transporte, el presidente de la República José Raúl Mulino afirmó este sábado que el lunes se reunirá con autoridades de la ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar el Decreto Ejecutivo 10 que regula a las plataformas digitales.

“He estado leyendo muchas opiniones sobre el Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar todos esos puntos de vista”, manifestó.

El mandatario subrayó que su administración no busca perjudicar a ningún sector, sino garantizar la mejora y la seguridad del servicio para los usuarios.

La controversia surge tras la presentación oficial de la norma el pasado viernes por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea. El Decreto 10 de 2026 crea y regula formalmente la categoría de “Taxi de Lujo” para las plataformas digitales, con el fin de llenar el vacío legal dejado por una legislación previa que fue invalidada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los puntos más estrictos del decreto destaca la obligatoriedad de que los vehículos porten una calcomanía y placa con la nomenclatura TL, además de prohibir el uso de autos con más de siete años de antigüedad. Asimismo, la normativa otorga a la ATTT la potestad de fiscalizar directamente el servicio y, significativamente, la facultad de fijar las tarifas, eliminando la autonomía de precios que manejaban las aplicaciones hasta ahora.

Finalmente, la regulación impone una barrera operativa crítica: las plataformas digitales ya no podrán contratar a conductores o vehículos que no posean un Certificado de Operación. Esta medida, que busca equiparar los requisitos con el transporte selectivo tradicional, será uno de los ejes principales en la mesa de revisión del lunes, mientras el Ejecutivo busca un equilibrio entre la modernización tecnológica y la seguridad jurídica del sector.

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