CSJ no admite recurso a favor del representante Ramón Ashby en caso de peculado; edil interpondrá nuevo recurso

La secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que no admitió el recurso de casación interpuesto por el representante de Calidonia Ramón Ashby, quien fue condenado por el delito de peculado. Ashby reveló que interpondrá un nuevo recurso de aclaración.

En el Edicto 149, fijado hoy 7 de junio, se establece que el “recurso de casación interpuesto dentro del proceso seguido a Ramón Ashby Chial, sindicado por el delito contra la administración pública (peculado), en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia” no fue admitido.

Se expuso que “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no admite el recurso de hecho presentado por el licenciado Javier Antonio Quintero Rivera, contra la resolución N°07-S.I. del 27 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá”.

También se ordenó el archivo de lo actuado, previa remisión de la decisión al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Se detalló que la decisión se basó en el Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá: artículos 101, 1152, 1154, 1156, 1161, 2272, 2428 y 2431 del Código Judicial.

Tras darse a conocer el edicto, el abogado defensor de Ashby, Javier Quintero, informó en un comunicado que “la defensa ha anunciado que interpondrá un Recurso de Aclaración contra esta decisión de la Corte, que recae sobre un aspecto accesorio del proceso”.

Los hechos El 12 de febrero de 2022 la Fiscalía Tercera Anticorrupción logró que el Juzgado Undécimo de Circuito Penal, condenara a los señores Ramón Nonato Ashby Chial, Ricardo Cannolly, Juan Manuel Suárez Navarrete y a la señora Inés Gómez de Meléndez a 60 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia.

El proceso inició con el Informe de Auditoría Especial del 18 de septiembre de 2009, de la Contraloría General de la República, que destacó gastos no sustentados relacionados a contratación de personal, adquisiciones de bienes y servicios de la Junta Comunal de Calidonia en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2003 por la suma de B/.505,355,25.