Cinco órdenes de aprehensión han sido giradas en el caso de pago a fallecidos en el Meduca

Una afectación que supera los B/.68,000.00, cinco órdenes de aprehensión provisional sobre sumas de dinero, en cuentas bancarias locales y 20 inspecciones oculares, ha arrojado la investigación preliminar relacionada con el registro de personas difuntas, que estaban devengando sueldos desembolsados por el Ministerio de educación (Meduca).

La información fue revelada este martes, 1 de octubre, por la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado.

Los avances de las investigaciones iniciadas mediante las denuncias interpuestas en septiembre de 2024, en nombre y representación de la ministra de Educación (Lucy Molinar), por la presunta comisión de Delitos Contra la Administración Pública, en la modalidad de diversas formas de Peculado, en perjuicio de las arcas del Estado, “demuestran la existencia de una afectación que supera los sesenta y ocho mil balboas (B/.68,000.00), en concepto de salarios por jubilación no correspondidos, por defunción de sus beneficiarios”, indicaron de la Procuraduría.

De acuerdo a las pesquisas, “el monto fue depositado a través del sistema ACH, a las cuentas de los fenecidos, como consecuencia del actuar negligente de quienes debían dispensar el trámite para dar de baja del sistema a las personas fallecidas; propiciando que fuera debitado en diferentes entidades bancarias y crediticias del país, por terceros que se aprovecharon de la situación”.

Otro detalle revelado es que la Procuraduría General de la Nación ha practicado una veintena de inspecciones oculares, “con la colaboración de diversas instituciones financieras, para obtener datos bancarios y transaccionales; se han evacuado solicitudes de datos de contenido informático, video e información de registros individuales o expediente personal o de recursos humanos, así como de identificación civil; y han sido efectuadas diversas comisiones para realizar actos investigativos en provincias centrales y del occidente nacional; todo dirigido a recabar información valiosa, con la finalidad de acreditar la existencia del delito y vincular a los responsables”.

Recordaron que “las investigaciones están dirigidas contra los servidores públicos que no actuaron con la debida diligencia y el mínimo de cuidado respecto a la administración de los fondos públicos que debían custodiar, así como los particulares que se apropiaron de los caudales públicos, aprovechándose de la imprudencia de aquellos”.