ANTAI abre investigación de oficio tras declaraciones de la ministra de Trabajo sobre su cuñado

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) inició de oficio una investigación a partir de las declaraciones de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, relacionadas con las funciones de un funcionario público que mantiene un vínculo familiar con la titular de la cartera.

La investigación comenzó el jueves, luego de que Muñoz explicara ante los diputados la situación de Edwin Cedeño, quien figura como asesor dos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y es su cuñado. La ministra indicó que Cedeño se encuentra en la institución mediante un préstamo interinstitucional del Tribunal Electoral.

Tras conocer estas declaraciones, ANTAI inició la recopilación de la información pertinente con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar, conforme a las disposiciones aplicables, si pudiera existir alguna situación relacionada con el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos.

Como parte de las actuaciones, el viernes la autoridad notificó a Cedeño para que presentara sus respectivos descargos.

La investigación busca establecer las circunstancias relacionadas con las funciones que desempeña el funcionario y los hechos expuestos públicamente por la ministra ante la Comisión de Presupuesto.

En otro proceso administrativo iniciado de oficio, ANTAI decretó la sustracción de materia luego de que la ciudadana Sherina Latorraca Santamaría presentara su renuncia al cargo que ocupaba como funcionaria pública.

De acuerdo con la autoridad, la renuncia y el cese efectivo en el ejercicio del cargo constituyeron hechos sobrevinientes que hicieron desaparecer el presupuesto subjetivo de la actuación administrativa, es decir, la condición de servidora pública de la persona investigada respecto de las entidades vinculadas al caso.

Ante esta situación, ANTAI determinó que había desaparecido el objeto de la actuación administrativa y decretó la sustracción de materia dentro del proceso iniciado de oficio.

La autoridad explicó que esta figura impide mantener un procedimiento cuando desaparecen los supuestos fácticos o jurídicos que le dieron origen, particularmente cuando una eventual decisión ya no tendría eficacia práctica frente a la condición funcional que motivó la investigación.