Reforma a la Ley 6 plantea sanciones a distribuidoras y electrificación para 58 mil familias

La reforma a la Ley 6 que se discute en la Asamblea Nacional contempla nuevas causales para cancelar las concesiones de las empresas distribuidoras de electricidad que incumplan con los estándares de calidad del servicio, además de establecer obligaciones para llevar energía a unas 58 mil familias que actualmente no cuentan con electricidad.

En ese sentido, la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, explicó que el proyecto incorpora cinco causales de terminación de los contratos de concesión relacionadas con el incumplimiento de indicadores de calidad, las obligaciones de electrificación rural y las inversiones aprobadas dentro del ingreso máximo permitido.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que las disposiciones buscan garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones establecidas. “La ley se tiene que cumplir, esté quien esté”, afirmó durante el programa Debate Abierto.

Por su parte, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., señaló que las distribuidoras deben enfrentar consecuencias económicas cuando no presten un servicio adecuado. “Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio”, manifestó.

De igual manera, el funcionario cuestionó que, sin consecuencias efectivas, las empresas puedan continuar cobrando la tarifa completa mientras los usuarios esperan durante años respuestas a sus reclamos relacionados con la calidad del servicio.

Además, la reforma elevaría a rango de ley la figura del interventor y establecería que las distribuidoras deben cumplir primero con las órdenes emitidas por la ASEP antes de acudir a los tribunales en dos situaciones específicas: los reclamos por daños a aparatos eléctricos ocasionados por fluctuaciones de voltaje y los créditos derivados de sanciones que deben reflejarse en las facturas.

En cuanto a la electrificación, el secretario nacional de Energía puso énfasis en que cerca del 5% de los hogares del país permanece sin electricidad, principalmente porque se encuentra fuera de las zonas de concesión de las distribuidoras, en áreas consideradas poco rentables para las empresas.

Ante esta situación, Rodríguez señaló que el objetivo es establecer una responsabilidad concreta para las empresas encargadas de la distribución eléctrica, incluso en comunidades de difícil acceso. “El que sabe hacer distribución es el distribuidor”, sostuvo.

Por otro lado, la Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía tendrán la responsabilidad de identificar las comunidades que requieren el servicio, mientras que la ASEP trasladará la obligación de electrificación a las distribuidoras. La Oficina de Electrificación Rural, a su vez, mantendrá sus funciones y proyectos.

En materia tarifaria, la administradora de la ASEP explicó que la reforma también busca generar condiciones para obtener precios más competitivos mediante contratos de compra de energía a largo plazo.

De acuerdo con Rodríguez, uno de los cambios consiste en devolver a las empresas distribuidoras la responsabilidad de realizar oportunamente las licitaciones para la compra de energía, con contratos que podrían extenderse por 10, 15 y hasta 20 años.

Con ello, las distribuidoras podrían asegurar mejores precios y cubrir el 100% de su demanda mediante contratos de largo plazo, reduciendo la necesidad de recurrir al mercado ocasional, donde la energía puede tener un costo más elevado.

Además , la administradora de la ASEP destacó que las dos licitaciones realizadas en marzo registraron precios competitivos, cuyos beneficios se trasladan a la tarifa de los consumidores. A esto se suma la reducción de un punto porcentual en la prima incluida en la tasa de rentabilidad que la ASEP establece para las distribuidoras cada cuatro años.

No obstante, Rodríguez aclaró que el precio final de la electricidad también depende de factores variables, entre ellos el costo del combustible. Sin embargo, ante la consulta sobre si las medidas contribuirán a obtener mejores precios para los consumidores, respondió que “por supuesto”.

Finalmente, el secretario nacional de Energía descartó que permitir la participación de comercializadores independientes para clientes finales represente necesariamente una reducción en la factura eléctrica. Según explicó, debido a que alrededor del 90% de los clientes son residenciales, podría producirse un proceso de “descreme”, en el que los nuevos actores captarían principalmente a los grandes consumidores, mientras la mayoría de los hogares no recibiría beneficios.