Respaldan medidas contra acceso ilegal a contenidos televisivos

A.Quintero | Consumidores y economistas respaldan una resolución presentada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que busca combatir la comercialización ilegal de dispositivos IPTV que permiten el acceso a contenidos televisivos, sin la autorización de sus proveedores.

La Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026 establece que los agentes económicos y particulares que comercialicen o distribuyan equipos IPTV, como TV Box, Android TV Box y TV Stick, deberán limitarse a brindar soporte técnico para la instalación del dispositivo y el uso de aplicaciones o plataformas debidamente licenciadas.

La ASEP recordó que el servicio de televisión pagada solo puede ser ofrecido por concesionarios autorizados, quienes además podrán eliminar aplicaciones IPTV no autorizadas de sus equipos.

El subdirector de la ASEP, Noel Smith, durante una entrevista en Radio Panamá dijo que “esta resolución está orientada a los agentes económicos y particulares que promocionen el acceso a contenidos de televisión abierta, que son contenidos nacionales e internacionales, sin que se cuente con la debida autorización”.

Smith agregó que “la ASEP ha recibido denuncias de canales nacionales, internacionales y distribuidoras de contenido por retransmisiones no autorizadas en Panamá”.

Asimismo, se advierte que “la normativa advierte que las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto serán sancionadas por la ASEP, sin perjuicio de medidas de ACODECO conforme a la Ley No. 45 de 2007, así como la posible responsabilidad penal que le aplique”.

En tanto, Rafael Paredes, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), señaló que “existen personas que venden paquetes de plataformas de televisión por cable a precios muy bajos sin cumplir con las regulaciones legales, por lo que consideró positiva la resolución de la ASEP para proteger a los consumidores y garantizar servicios autorizados”.

En tanto, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), comentó que “muchas personas evaden las normas para operar este tipo de negocios sin regulación, por lo que consideró importante que la ASEP fortalezca las medidas de control”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera indicó que “la distribución ilegal de contenidos audiovisuales tiene una dimensión económica clara, afecta la competencia leal, la inversión formal, la propiedad intelectual y la recaudación del Estado”.

Mosquera manifestó que “esta dinámica distorsiona el mercado. Mientras unos operadores invierten, cumplen y generan empleo formal, otros capturan ingresos sin asumir las mismas reglas. Con el tiempo, esto puede reducir los incentivos para invertir en mejores servicios, contenidos y plataformas”.