Aprueban en primer debate proyecto de educación sexual
Diversas agrupaciones de la sociedad civil, representantes de los Ministerios de Educación y Salud, Caja de Seguro Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), agrupaciones juveniles, entre otros, participaron en la discusión del primer debate del Proyecto de Ley No.61, por el cual se adoptan políticas de educación integral, atención y promoción de la salud.
El presidente de esta comisión, Crispiano Adames, manifestó que el proyecto ha tenido la participación de todos los sectores que han presentado sus posiciones y recomendaciones de modificación para fortalecer el documento inicial.
Explicó que la propuesta de ley busca tratar el tema de sexualidad de manera integral basado en datos científicos y con datos de estadísticas alarmantes sobre embarazos precoces y niveles del VIH-SIDA.
El objeto de esta ley establece las bases normativas generales para el conocimiento, la garantía, la protección y atención de la salud sexual y la salud reproductiva con énfasis en la formación integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de Panamá y los convenios internacionales.
Datos proporcionados por la Contraloría General de la República revelan que más del 75% de los niños nacen anualmente en Panamá fuera de una unión estable; una de cada cinco embarazadas es una adolescente, el 70% de los padres de esas criaturas es mayor de 20 años y que el SIDA es la tercera causa de muerte de jóvenes de 15 a 24 años de edad.
En Panamá, la cifra de embarazos en la adolescencia entre las edades de 10 y 19 años ha ido en aumento. Según cifras del Ministerio de Salud (MINSA), hasta abril del 2014 había 4,078 niñas embarazadas en el país, incluidas las comarcas. En mayo, la estadística creció a 4,425 casos, un promedio de once casos nuevos al día.
El artículo 4 de principios del proyecto sostiene que las políticas públicas, planes, programas, proyectos, servicios y las acciones sobre la salud sexual y la salud reproductiva deberán siempre promover relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres.