Fugas masivas y el vacío criminológico en Panamá

La reciente y alarmante ola de fugas masivas de privados de libertad en los centros penitenciarios de Panamá no es un hecho aislado; es el síntoma indiscutible de un sistema colapsado y de la alarmante falta de una política criminológica efectiva en el Estado panameño. A pesar de contar con herramientas jurídicas vigentes, la brecha entre lo que dicta la norma y la realidad operativa de las prisiones es cada vez más profunda.

Panamá cuenta con normas vigentes, por tanto, desatender los mandatos de la Ley 328 de 2022 que establece la Política Criminológica del Estado y no seguir los lineamientos de la Ley de Carrera Penitenciaria, genera consecuencias nefastas. Al obviar la clasificación de perfiles, el diagnóstico criminológico y la debida capacitación del personal custodio, las cárceles se convierten en universidades del crimen controladas por pandillas, desde donde se coordinan delitos hacia el exterior de los centros carcelarios.

Las consecuencias de esta desobediencia legal impactan de forma directa y severa en la seguridad ciudadana. Cuando un delincuente de alta peligrosidad se fuga, la certeza del castigo se diluye, sembrando impunidad. La ciudadanía queda expuesta a un incremento inmediato de delitos violentos, extorsiones y homicidios, mientras que la confianza en las instituciones de seguridad se desploma.

Panamá no puede seguir improvisando estrategias de seguridad reaccionando con parches temporales ante cada crisis carcelaria. Urge implementar la política criminológica de manera transversal, profesionalizar la custodia penitenciaria y aplicar la ley con rigor científico. La seguridad de nuestras calles empieza primero con la prevención, por el control real, legal y efectivo de nuestras cárceles. De lo contrario, la delincuencia y el crimen organizado, seguirá ganando la batalla en el entorno social. * El autor es Doctor en Educación, abogado y criminólogo.