El impacto económico de un año sin Cobre Panamá: lecciones y retos para el futuro

A casi un año de la paralización abrupta de la mina Cobre Panamá, la economía del país sigue padeciendo las secuelas de una decisión que nos ha costado más de lo que muchos imaginaban. Creer que Panamá podría prescindir de la contribución del 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) o del 14% de la inversión extranjera directa (IED) que representaba la minería era, y sigue siendo, una expectativa irreal. La economía panameña ha sido afectada profundamente, y su grado de inversión, perdido en el proceso, es solo una de las muchas consecuencias que enfrentamos.

La paralización de Cobre Panamá no solamente eliminó una importante fuente de ingresos, sino que ha puesto en jaque nuestra estabilidad financiera y la confianza de los inversionistas, debido a la falta de seguridad jurídica que esto representa para ellos. En marzo de 2024, la agencia Fitch Ratings rebajó nuestra calificación a BB+, eliminando el grado de inversión que durante años nos abrió puertas a financiamiento en condiciones favorables. Este cambio no fue arbitrario, sino un reflejo directo de la incertidumbre y desconfianza que ahora rodean al país. El aumento en las tasas de interés bancarias, especialmente en los préstamos comerciales, ha golpeado duramente a las empresas locales. Estas se han visto obligadas a ajustar sus costos, y muchas han tenido que reducir su personal o limitar nuevas contrataciones, lo cual ha desacelerado nuestro ritmo de crecimiento económico.

Este cese ha desencadenado una crisis que afecta a múltiples sectores económicos, impactando 24 actividades económicas aglutinadas en 14 de los 18 sectores que conforman la economía panameña. La reducción de la actividad minera ha llevado a la pérdida de contratos y a una disminución en la demanda de bienes y servicios, provocando un efecto dominó en toda la economía. Se proyecta que el desempleo a nivel nacional podría aumentar del 7.4% al 9.3%, afectando no únicamente a los trabajadores directos de la mina, sino también a miles de empleos indirectos en diversas industrias.

Aún más preocupante es el aumento en el costo de la deuda. Con cada emisión de bonos, el país se endeuda a tasas que triplican el costo previo, duplicando la carga total de la deuda en un momento en que las arcas del Estado se ven reducidas. Esto limita nuestra capacidad para invertir en infraestructura y desarrollo social, afectando la calidad de vida de los panameños y deteriorando la confianza en nuestro futuro económico.

Este tema merece un análisis serio y basado en datos e información. Las cifras de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hablan por sí solas: mientras las exportaciones de América Latina proyectan un crecimiento del 4% en 2024, Panamá enfrenta la mayor caída en la región. En este sentido, El Economista, apoyándose en análisis del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), reafirma que Panamá sufrió una contracción del 73.6% en sus exportaciones de bienes durante el primer semestre de 2024, una cifra directamente atribuible al cese de operaciones de la mina.

Desde 2019, la mina transformó la estructura exportadora del país. En 2021 las exportaciones nacionales alcanzaran un récord de $3,646 millones, de los cuales $2,960 millones correspondían a productos minerales. Su cese de operaciones no solo dejó un vacío en el comercio exterior, sino que comprometió alrededor del 5% del PIB y cerca de 40,000 empleos directos e indirectos, exponiendo la fragilidad de una economía dependiente de esta actividad y la dificultad de reemplazar este nivel de contribución antes de 2028.

Es cierto que debemos ser cautelosos con los temas ambientales y sociales, pero es igualmente cierto que la minería representa una oportunidad que Panamá. La credibilidad de Panamá en los mercados internacionales y su capacidad para atraer inversión en los años venideros dependerán de cómo gestionemos este momento.