EDITORIAL : Una decisión de Estado

El contrato de Panamá Ports Company (PPC) con el Estado ya terminó. El fallo de inconstitucionalidad fue publicado en la Gaceta Oficial y desde ayer comenzó un planificado, pero acelerado proceso para que los puertos de Balboa y Cristóbal operen con contratos de tiempo definido mientras que prepara y se convoca a una licitación pública internacional que permita tener dos nuevas empresas como operadoras de dos de los principales puertos en el Canal de Panamá. El mensaje a la comunidad portuaria y logística internacional es claro: no hay expropiación ni nada que se traduzca en una violación a la ley nacional. La inconstitucionalidad es consecuencia de un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la única entidad facultada para valor la legalidad de un contrato público o sus efectos.

El contrato de Panamá Ports Company (PPC) con el Estado ya terminó.

El fallo de inconstitucionalidad fue publicado en la Gaceta Oficial y desde ayer comenzó un planificado, pero acelerado proceso para que los puertos de Balboa y Cristóbal operen con contratos de tiempo definido mientras que prepara y se convoca a una licitación pública internacional que permita tener dos nuevas empresas como operadoras de dos de los principales puertos en el Canal de Panamá.

El mensaje a la comunidad portuaria y logística internacional es claro: no hay expropiación ni nada que se traduzca en una violación a la ley nacional. La inconstitucionalidad es consecuencia de un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la única entidad facultada para valor la legalidad de un contrato público o sus efectos.