Cobre Panamá 2026: ¿Cierre o reapertura?

El destino de Cobre Panamá sigue siendo el epicentro del debate nacional. Recientemente, diversos análisis han subrayado el costo macroeconómico de la paralización de 2023: una reducción del crecimiento del PIB [Producto Interno Bruto], la pérdida de miles de empleos y el deterioro de la calificación crediticia. Sin embargo, más allá de las cifras, el caso dejó una lección ineludible: la relevancia de la licencia social. Sin ella, ni la inversión más robusta es viable.

Hoy, ante la posibilidad de una reapertura o la gestión de un cierre definitivo, surge la interrogante: ¿pueden mejores procesos y nuevos paradigmas generar resultados distintos?Hace más de 20 meses, en este mismo espacio, sostuve que las protestas de 2023 evidenciaron una falla sistémica en la gestión del proyecto.

El modelo tradicional de “Decidir-Anunciar-Defender” ignoró la necesidad de un diálogo colaborativo temprano. Los problemas complejos no se resuelven con imposiciones, sino comprendiendo los intereses reales de la ciudadanía, que a menudo busca defender bienes legítimos como el ambiente y el desarrollo sostenible.

No se trata simplemente de aceptar o rechazar la minería, sino de establecer las condiciones de su legitimidad. Para ello, propongo transitar hacia procesos de diálogo dignos y participativos basados en el modelo AARC (Reconocimiento, Agencia, Reciprocidad y Claridad). Este marco conceptual parte de una premisa crítica: sin dignidad no hay diálogo genuino ni acuerdos sostenibles.

Reconocimiento: Validar auténticamente las experiencias y temores de los actores. No es solo empatía, es otorgar legitimidad a la voz del otro.

Agencia: Permitir que los participantes influyan realmente en el proceso. Sin capacidad de co-diseño, el diálogo se percibe como una imposición.

Reciprocidad: Pasar de la confrontación a la co-creación de soluciones donde todas las partes cedan y ganen algo.

Claridad: Establecer reglas, propósitos y secuencias coherentes para que el proceso no sea una conversación sin rumbo.

Actualmente, la autorización para procesar el mineral ya extraído (el stockpile) para mitigar riesgos ambientales presenta una oportunidad estratégica. Esta fase de bajo riesgo podría funcionar como un laboratorio para aplicar el modelo AARC y comenzar a reconstruir la confianza fracturada. Es un puente necesario para evitar que Panamá enfrente arbitrajes internacionales que podrían ascender a los $20 mil millones, una carga financiera insostenible para el Estado.

Incluso si la decisión nacional se inclina por el cierre permanente, estos pilares son indispensables. Un cierre mal gestionado, sin diálogo ni reconocimiento de los actores locales, solo sembrará futuras crisis.

Para construir viabilidad social, las empresas y el Gobierno deben inspirar confianza mediante el contacto directo y el enfoque de beneficios mutuos. Solo a través de procesos donde todos se sientan escuchados y reconocidos será posible integrar los diversos intereses nacionales con dignidad. Con los paradigmas adecuados, es posible transformar el conflicto en un modelo de desarrollo que priorice, ante todo, el bienestar de la población panameña.

* El autor es mediador y consultor internacional en negociaciones, procesos de consenso y stakeholder engagement.