Abrir para cerrar tarda 25 años

Se ha generado ruido mediático con respecto al Informe de la Comisión Interministerial creada por el Presidente de la República para hacer recomendaciones con respecto a la mina de Donoso, cuyo contenido se encuentra en https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2026/09/20260930VDEF_Comision_Interministerial_Informe_Final_Presidente_.pdf

Dicho reporte (perfectamente verificable), establece lo siguiente como primera recomendación (Sección 14.1, página 25):

Autorizar el inicio de negociaciones formales con COBRE PANAMÁ / FIRST QUANTUM MINERALS LTD. para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita finiquitar los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que permita lograr un cierre ordenado, sin costo para la Nación, sin posibilidad de prórroga, poniendo los intereses ambientales, sociales y económicos de la Nación como prioridad, con absoluta transparencia, cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y buscando el beneficio de todos los panameños.

Por qué esta Comisión coloca esta decisión antes que todas las demás. Todas las condiciones que este informe recomienda requieren una contraparte con la cual puedan evaluarse y, si hay acuerdo, formalizarse. El Estado no debe presumir la viabilidad de una solución que no ha verificado con quien tendría que ejecutarla. Autorizar estas conversaciones no compromete al Estado con un resultado: permite determinar qué condiciones pueden formar parte de un acuerdo que salvaguarde los intereses de la República.

Según estimaciones del Gobierno previas al referido Informe, el cierre de la mina costaría entre $2,600 y $3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años, de manera progresiva, autofinanciada, sin costo fiscal para los panameños, dando prioridad a quienes fueron afectados directamente por el cierre.

Esto implicaría la reapertura de la mina y comercialización rentable del concentrado por un período determinado de tiempo, para financiar la operación de manera rentable, pagar regalías y otros tributos al Estado, costear el proceso de cierre ordenado y crear un fondo de inversión social para los directamente afectados por el mismo.

La Comisión reconoce que debe haber un proceso de negociación, y uno de los puntos a negociar es la duración del nuevo acuerdo, ya que cumplir con todas las condiciones establecidas dependerá de una operación rentable, cuyos márgenes aseguren este cumplimiento. A mi juicio, este proceso debe durar por lo menos 25 años, asumiendo condiciones favorables en los precios del cobre.

Se prevé un déficit de 150.000 toneladas de cobre refinado para el cierre de 2026, impulsado por una oferta estancada y una fuerte demanda vinculada a la electrificación.

Por otro lado, el cobre subió a un máximo histórico de $14.830 por tonelada. El repunte se produjo cuando los cuellos de botella estructurales de las minas, la agresiva acumulación de reservas previa a los aranceles y la demanda no cíclica de la red eléctrica por parte de los centros de datos de IA a hiperescala coincidieron, creando una severa restricción física de la oferta.

El cese de la operación minera en Panamá tuvo un efecto devastador sobre la inversión productiva y el empleo. En el 2018 el país recibió $5,019 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), en el 2025 sólo se recibieron $905 millones ($4,114 millones menos, caída del 82%)

Por su parte, el Presupuesto Ejecutado de Inversiones del Gobierno Central en el 2018 fue $4,134 millones. En el 2025 fueron $1,934 millones. Una reducción de $2,200 millones (53% menos).

Adicional a esto, en el 2025 hubo $258 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo.

Es decir, relativo al 2018 y con 466 mil habitantes más, la economía opera con $6,572 millones MENOS de inversión productiva,

La Comisión fue clara. Es hora de actuar.