Procuraduría señala ilegalidades en decisión de la AAUD de intervenir San Miguelito

La Procuraduría de la Administración validó la demanda de nulidad presentada por la alcaldesa Irma Hernández al considerar ilegal la decisión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de intervenir en la recolección de los desechos en el distrito.

De acuerdo con lo explicado por el representante del corregimiento de José Domingo Espinar y concejal del distrito, Guillermo García “la evaluación estuvo a cargo de la procuradora Gretel Villalaz, quien en su análisis expone diversos elementos y concluye que la resolución debe ser declarada nula por ilegal por los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo”.

Según lo expuesto, la demanda también argumenta la vulneración de al menos tres normativas: la Ley 51 de 2010, que crea la AAUD; la Ley 106 de 1973 sobre régimen municipal; y la Ley 276 de 2021, relacionada con la gestión de desechos sólidos.

“Se dieron vulneraciones por todos lados”, explicó García en entrevista para Telemetro Reporta, al tiempo que señaló que corresponderá ahora a los magistrados determinar si se incurrió en ilegalidades y en consecuencia, anular la resolución.

A este criterio se sumó el presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, quien respaldó el pronunciamiento de la Procuraduría. “Lo advertimos y la Procuradora lo confirma. En una opinión bien fundamentada, que incluye precedentes, la Procuradora señala como ilegal la acción de Aseo e incluso la llama como lo que es: un intento del gobierno de quitarle recursos a San Miguelito y su gente”, expresó.

Al ser cuestionado por residentes que manifestaron que su principal interés es que la basura sea recolectada, sin importar quién brinde el servicio, Vásquez respondió que “eso no justifica violar la ley. Confío en que Irma puede hacerlo respetando el marco legal; de lo contrario, el servicio seguirá siendo prestado por la AAUD”.

Hasta el momento, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no ha emitido declaraciones en respuesta a la opinión jurídica.