Piden a Mulino vetar los proyectos de actualización de textos escolares y el Sistema Universal de Créditos Académicos

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y gremios del sector educativo particular solicitaron este viernes al presidente José Raúl Mulino que vete los proyectos de ley 546 y 415, relacionados con la actualización de textos escolares y la creación del Sistema Universal de Créditos Académicos.

El Conep advirtió en un comunicado que el Proyecto 546, por el cual establece que las nuevas ediciones de libros de texto no podrán exigirse antes de cinco años, afectará la autonomía y la sostenibilidad de los colegios particulares. El gremio empresarial enfatizó que deben evaluarse las consecuencias de esta medida, ya que podría incidir en un mayor rezago académico de los estudiantes.

Por su parte, la Asociación de Colegios Particulares calificó de “populistas” ambas iniciativas aprobadas en la Asamblea Nacional, alertando que, de no ser vetadas, el Proyecto 546 dejaría a los planteles privados en una situación “muy comprometida” y ampliaría la brecha de calidad frente al sistema público.

La Cámara Nacional de Educación e Innovación también solicitó el veto al Proyecto 415, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), el cual propone la creación de un sistema digital universal para almacenar el historial académico de los estudiantes.

El gremio considera la propuesta “tecnológicamente inviable” debido al masivo volumen de datos que implicaría registrar calificaciones, créditos y expedientes de todo el sistema educativo panameño. Además, sostienen que la capacidad tecnológica actual del Ministerio de Educación (Meduca) es insuficiente para alojar esa cantidad de información en sus plataformas.

Se espera que, tras el análisis jurídico de ambos documentos, el presidente Mulino anuncie una posición definitiva. Las opciones del mandatario son sancionarlos para convertirlos en Ley de la República o aplicar un veto parcial o total; en caso de objeción, las iniciativas retornarían a la Asamblea Nacional para un nuevo debate sobre las observaciones del Ejecutivo.