Imponen detención provisional y retención domiciliaria a otras dos imputadas en la “Operación Pandora”

Dos mujeres vinculadas a la “Operación Pandora”, quienes no pudieron ser judicializadas ayer debido a padecimientos médicos durante la audiencia de solicitudes múltiples, fueron llevadas ante el Tribunal de Garantías del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora la mañana de este domingo 12 de julio para la formulación de imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares personales.

Según el reporte del Órgano Judicial, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, retomó el acto de audiencia que había sido suspendido para las indiciadas, y tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, dio por presentada la formulación de imputación de cargos contra una de las investigadas por la presunta comisión de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos.

Se detalló que a la otra ciudadana se le imputaron cargos únicamente por los delitos de delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos.

Luego de escuchar las peticiones de las partes intervinientes en esta fase de la audiencia, la juzgadora consideró que las medidas cautelares personales más cónsonas, proporcionales y necesarias eran la detención provisional para una de las imputadas y la retención domiciliaria para la otra, quien mantiene padecimientos de salud debidamente sustentados en el acto. A criterio de la jueza, estas medidas garantizan los fines del proceso.

Antes de culminar la audiencia, un defensor particular anunció recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta. Por lo tanto, esta audiencia se programó para la misma fecha y hora fijadas para los otros 14 imputados en este caso; es decir, el próximo 3 de agosto a las 8:30 a.m. ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna.

Este caso inició en el año 2024 y generó recientemente más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. El operativo logró la aprehensión de particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente causaron una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de 40 millones de dólares al manipular el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales.