Defensor del Pueblo expone desafíos urgentes en derechos humanos en Panamá

El Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc presentó este jueves, 11 de diciembre, un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, en el que destacó importantes deficiencias en salud, educación, transporte y derecho al trabajo. El documento subraya que, pese a avances puntuales, persisten problemas estructurales que requieren atención inmediata del Estado.

En materia de salud, Leblanc señaló que continúan las dificultades en el acceso a medicamentos, la creciente mora quirúrgica y la falta de atención adecuada en zonas rurales. A esto se suma el deterioro de infraestructuras y equipos médicos que necesitan mejoras urgentes. El defensor recomendó avanzar hacia una integración del sistema de salud acompañada de un incremento sostenido en la inversión pública.

Por otro lado, en materia de educación, el funcionario detalló que muchos centros educativos se encuentran deteriorados, con falta de agua potable y mobiliario insuficiente. Estas condiciones, advirtió, profundizan las brechas territoriales y contribuyen a ampliar la desigualdad entre estudiantes de distintas regiones del país.

En cuanto al transporte público, el informe recoge que continúan las quejas por la baja frecuencia de los buses, las demoras y la falta de unidades, especialmente en la ciudad capital y San Miguelito. La ausencia de un servicio eficiente afecta la movilidad diaria y mantiene altos niveles de insatisfacción ciudadana. El Defensor exhortó a fortalecer la planificación y mejorar el sistema para garantizar un transporte accesible y de calidad.

Finalmente, respecto al derecho al trabajo, el documento denunció que el incumplimiento en el pago de la prima de antigüedad sigue afectando a funcionarios públicos, vulnerando un derecho laboral irrenunciable y generando incertidumbre económica. La falta de programación presupuestaria y los retrasos administrativos han creado un patrón de incumplimiento que debilita la estabilidad laboral.

El defensor del pueblo concluyó que es necesario abordar estas brechas que deben convertirse en una prioridad estatal para garantizar condiciones dignas y el pleno ejercicio de los derechos humanos en Panamá.