Aprueban en tercer debate proyecto de ley que incluye artículo sobre revocatoria de mandato

Con 42 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de Ley N° 776 que establece la modificación del Código Electoral de la República de Panamá e incluye un nuevo artículo que modifica las normas para iniciar el proceso de la revocatoria de mandato a un diputado.

El debate para realizar las modificaciones a este proyecto de ley enfrentó a varios diputados, ya que algunos consideraban que uno de los artículos podría violar la Constitución de la República.

La diputada Zulay Rodríguez, del PRD, aseguró durante el debate que la revocatoria de mandando sí es legal, e hizo referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, del numeral A que trata sobre los derechos políticos.

“Los derechos políticos son de los ciudadanos que eligen a las autoridades no de los partidos políticos”, expresó.

Por su parte, Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático,  aseguró que votó en contra porque “tenemos que hacer las cosas bien, legislar de cara al interés de la nación, no del interés personal”.

En tanto, Gabriel Silva, de la bancada independiente, aseguró que todos los miembros decidieron votar en contra de la Ley 776, “tomamos la decisión luego de reunirnos y asesorarnos”.

“El proyecto de Ley es inconstitucional, especialmente ese artículo. La revocatoria de mandato tiene que ser ciudadana, es decir, el ciudadano debe poder remover a los políticos que eligió”, advirtió.

El artículo 438-A, incluido el martes 15 de marzo por la Comisión de Gobierno, establece que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

Hay que recordar que el documento original fue presentado por los magistrados del Tribunal Electoral, quienes buscaban hacer modificaciones relacionadas con las competencias de los juzgados y fiscalías administrativas, creadas mediante la Ley 247 del 22 de octubre de 2021 que reforma el Código Electoral, y corregir incompatibilidades entre algunos artículos contenidos en esta ley.

Después de ser aprobado en tercer debate, este proyecto de ley debe pasar al Ejecutivo para su sanción o veto.