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ANTAI sanciona a 15 funcionarios por irregularidades éticas y nepotismo

08 de abril de 2026

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció la aplicación de sanciones a 15 funcionarios tras culminar una serie de investigaciones administrativas. El operativo legal abarcó diversas instituciones, revelando faltas que van desde el nepotismo y conflictos de interés hasta el incumplimiento de requisitos mínimos para el ejercicio de cargos públicos.

Uno de los hallazgos más relevantes se dio en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), donde una investigación determinó que una directora nacional mantenía a su cónyuge bajo supervisión directa. Esta relación jerárquica, prohibida por el Código de Ética de los Servidores Públicos, resultó en una sanción económica del 50% del salario para la directora y la recomendación de destitución para el funcionario vinculado, con el fin de restaurar la imparcialidad en la entidad.

El sector universitario también presentó múltiples irregularidades. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la ANTAI recomendó la destitución de cinco servidores públicos tras comprobarse actos de nepotismo. Por su parte, la Universidad de Panamá registró casos tanto en Veraguas como en la capital; en la extensión del interior se sancionó a una pareja de cónyuges por laborar en la misma unidad administrativa, mientras que en la provincia de Panamá dos funcionarios fueron sancionados por mantener vínculos familiares incompatibles con sus funciones.

La vigilancia de la ANTAI se extendió a los gobiernos locales y ministerios. En el Municipio de Colón, dos servidoras fueron procesadas por nepotismo, resultando en una recomendación de destitución y una sanción económica respectivamente. En el ámbito ministerial, un funcionario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) fue multado con el 50% de su sueldo por el uso inadecuado del tiempo laboral, mientras que en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se sancionó a una servidora por no contar con la idoneidad necesaria para su puesto.

Finalmente, la institución enfatizó que estos resultados no son meras cifras, sino un mensaje directo contra la percepción del servicio público como un privilegio personal. A través de este comunicado, la ANTAI reafirmó que el cumplimiento de la Ley No. 33 de 2013 es fundamental para construir un Estado transparente, advirtiendo que se mantendrán vigilantes ante cualquier conducta que comprometa la ética y el bien común.

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