Elecciones bajo fuego: la campaña de un candidato en Colombia amenazada por la violencia

Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso vigilado por guerrilleros con fusiles. Cada minuto es peligroso para Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso de Colombia en una campaña electoral bajo fuego.

Escoltas desarmados lo acompañan en una caravana en esta carretera de su natal departamento del Cauca, región bajo dominio rebelde en el suroeste del país. En un día de campaña en el que lo acompañó la AFP, serpentea por caminos repletos de lodo junto a otros indígenas nasa que portan bastones tradicionales.

En octubre pasado, el automóvil de Gómez fue impactado por una bala mientras retornaba de un acto proselitista por uno de los escaños reservados para las comunidades indígenas en las legislativas 8 de marzo.

Aunque no tenía amenazas recientes, guerrilleros lo declararon un objetivo hace una década por su trabajo como defensor de derechos humanos.

Unas semanas antes del ataque había muerto en Bogotá víctima de un atentado el senador de derecha Miguel Uribe, en un hecho de violencia política que no ocurría desde hacía casi tres décadas. Uribe aspiraba a ser candidato en las elecciones del 31 de mayo para suceder al presidente izquierdista Gustavo Petro.

La multiplicación de ataques ha convertido a este proceso electoral en uno de los más violentos después del desarme de la guerrilla FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016.

Los disidentes del pacto y otros grupos dedicados al narcotráfico continúan operando.

El riesgo "está latente", confiesa Gómez. "El posconflicto está siendo mucho más fuerte que el mismo conflicto", añade este dirigente de 46 años.

En 2025, cuando arrancaron las campañas, al menos 61 líderes políticos fueron asesinados, según la Misión de Observación Electoral (MOE), que no distingue cuántos eran candidatos.

Para estas elecciones, casi un tercio del territorio del país está bajo amenaza por la violencia, según esa agrupación civil.

- "La sangre hierve" -

Al magnicidio de Uribe le siguieron ataques contra otros políticos, como el secuestro durante algunas horas la semana pasada de la legisladora Aida Quilcué, también indígena del Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un despliegue de uniformados para garantizar unas elecciones "seguras". Petro enfrenta críticas por su fallido intento de negociar la paz con los grupos armados, que se fortalecieron durante su gobierno.

La violencia política evoca las peores épocas del conflicto, entre las décadas de 1980 y 1990, cuando cinco candidatos presidenciales fueron asesinados a tiros en medio del terror ejercido por narcotraficantes como Pablo Escobar.

Las montañas cubiertas de neblina en el Alto Naya se pintan de verde con los cultivos de hoja de coca, sustento económico de esta región del Cauca donde hasta hace poco, según Gómez, podían "andar más tranquilos" tras la firma del acuerdo.

Pero hoy disidentes de las FARC, financiados por la producción de cocaína, imponen allí un "control territorial", agrega.

Ha visto "caer muchos, muchos compañeros" a manos de hombres armados. "Da impotencia, da rabia (...) la sangre hierve", lamenta.

Los disidentes alardean de su dominio en la zona. "61 años de lucha", dice un afiche con la fotografía de un líder histórico de las FARC.

Más adelante, rebeldes armados resguardan un puesto de control donde los transeúntes deben identificarse. Las cámaras no son bienvenidas.

- "Sistemático" -

Los escoltas de Gómez, hijo de un policía afrodescendiente y una guerrillera nasa, van desarmados para evitar una confrontación. Priorizan el diálogo.

El dirigente "corre riesgo" por ser líder social "y más en este caso como candidato", dice José Yatacué, que coordina este grupo de guardianes nasa.

Los habitantes del Alto Naya aprecian a Gómez por su trabajo en esta región con poca presencia del Estado.

"Hemos sido un territorio olvidado", dice Luz Dary Muñoz, líder de un caserío cercano. "Lo que hemos construido (...) ha sido todo comunitario".

Este será el último periodo legislativo que garantiza escaños para víctimas del conflicto, según quedó estipulado en el acuerdo de paz que buscaba garantizar su representación política.

Pero 130 municipios donde sus habitantes deberán escogerlos están en riesgo ante la violencia, asegura la MOE.

"Estamos preocupados", dice el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, que considera vital "preservar" estos escaños para "los y las representantes" de las comunidades históricamente vulneradas.

El Cauca es un punto crítico. En el departamento imperan las disidencias de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, investigado por la fiscalía por genocidio contra el pueblo Nasa.

El gobierno de Petro impulsa una denuncia contra el líder rebelde ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos contra líderes y el reclutamiento forzado de niños de esa etnia.

"Ha sido sistemático", considera Gómez. "Se han ensañado con el pueblo Nasa (...) Eso debe parar".

En este contexto de extrema tensión, la votación en esta región servirá de prueba para saber si Colombia puede tener elecciones libres, equitativas y seguras en todo su territorio.