Separar distribución y venta de energía “no es viable” y no garantiza tarifas bajas

La propuesta de los diputados de la Coalición Vamos de reformar la Ley 6 de 1997 que regula el sistema eléctrico panameño antes del vencimiento de las concesiones de distribución en octubre de 2028 y separar la distribución y la comercialización de la energía eléctrica “no es viable” y no garantiza una reducción de tarifas ni una mejora inmediata en la calidad del servicio, advirtieron economistas.

Para el economista Eric Molino Ferrer, apostar hoy por la separación comercial no tendría el impacto esperado en el precio. “En Panamá aún no. Mi postura es que en este momento hay otros problemas de fondo que tienen un impacto más directo en el precio que la comercialización. Eso, por ejemplo, en la Unión Europea se hizo de manera gradual, demoró décadas... es un negocio de volumen que aún no tenemos en Panamá”, indicó.

Molino Ferrer explicó que la medida no es viable en este momento, pero priorizar otras causas sí daría resultados más rápidos. “No es que no funcione. Sino que tal vez en este momento apostar por eso como algo que va a inmediatamente bajar el precio, no va a ser tan efectivo como podrían ser otras medidas más de búnker que sí están afectando ahora mismo no solo el precio, sino la calidad del servicio. Realmente hay otras cosas que si las priorizamos podrían tener un mejor impacto a largo plazo, porque a la comercialización creo que no tenemos economía de escala para poder hacer eso”, sostuvo.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera reconoció que separar distribución de comercialización puede ser técnicamente razonable, pues la red eléctrica mantiene características de monopolio natural, mientras que la comercialización admite mayor competencia. No obstante, advirtió que esa separación por sí sola no garantiza menos apagones, mayor estabilidad ni tarifas más bajas.

“Los problemas de interrupciones y fluctuaciones se originan principalmente en la red física y requieren inversión, mantenimiento y reposición oportuna de la infraestructura”, señaló Mosquera.

El economista recalcó que lo determinante será el diseño regulatorio: metas verificables de calidad, obligaciones claras de inversión, penalizaciones efectivas, compensaciones a los usuarios y una ASEP con suficiente capacidad técnica y de fiscalización.

Mosquera también llamó a armonizar la propuesta con las reformas que ya impulsa el Ejecutivo de cara al vencimiento de las concesiones en 2028, y a asegurar que la transición no deje desprotegidos a los hogares y usuarios de menor consumo.

“Es positivo si está orientado a mejorar el servicio y la tarifa de los consumidores. Somos creyentes de la libre empresa, del libre mercado y si las condiciones ahora a nivel de ley así lo permiten. Somos defensores de la seguridad jurídica”.

“En definitiva, el éxito de la reforma no debe medirse por el número de empresas participantes, sino por sus resultados: menos interrupciones, mejor calidad del servicio, tarifas transparentes y una atención más efectiva al usuario”.