Refuerzan fiscalización del uso de fondos de la descentralización tras malos manejos

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, aseguró que los fondos de descentralización destinados a las alcaldías y juntas comunales del país para financiar obras, se están utilizando “al 100% de la manera correcta”.

“Verificamos que las obras se están ejecutando. Se está reportando a la Contraloría, como parte de los mecanismos de fiscalización implementados por la entidad.”, dijo Méndez.

Según datos oficiales las lesiones patrimoniales por el mal manejo de estos fondos entre 2019 y 2024 superan los $51 millones, por lo que se están aplicando controles para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

De acuerdo con la fiscal superior de anticorrupción Digna Castillo, “la entidad ha presentado 335 denuncias relacionadas con el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). De estas, la Fiscalía ha recibido 80 informes de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República, 48 por lesión patrimonial y 32 que no han determinado la afectación”.

Castillo tambien detalló que “las investigaciones por estas auditorías ya mantienen a 118 personas imputadas, quienes permanecen bajo distintas medidas cautelares”. Además que “los casos con lesión patrimonial representan más de $44 millones”.

La fiscal tambien manifestó que “de los 48 informes con afectación patrimonial, 44 casos ya llegaron a audiencias de imputación, mientras que los otros cuatro esperan ampliaciones de auditoría”. Asimismo que “la fiscalía solicitó a la Contraloría 15 ampliaciones para revisar documentos y cuentas que podrían modificar las cuantías establecidas al incio”.

Castillo reveló que durante las investigaciones, “se identificaron cinco juntas comunales con las cifras más elevadas de lesión patrimonial dentro del PDIS que en conjunto suman los $27 millones. Belisario Porras, en San Miguelito, con $8 millones; Barrio Norte, en Colón, con $6 millones; Amelia Denis de Icaza, también en San Miguelito, con $5 millones; Salud, en Colón, con $4 millones; y David Cabecera, en Chiriquí, con otros $4 millones”.

Según la fiscal, a esto se suman “las investigaciones relacionadas con el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), que mantienen a 33 personas imputadas y registran lesiones patrimoniales por $7 millones”. Según Castillo, “la diferencia entre los programa este sí contaba con un reglamento para regular la entrega y utilización de los recursos destinados a las juntas comunales”.

La fiscal reveló que “entre los mecanismos investigados están las planillas cash o cash plan, en las que algunas personas habrían cobrado hasta $2,000 mensuales o quincenales por servicios profesionales que no prestaban”. Según la investigación, “el 80% del dinero era presuntamente devuelto a la autoridad local y el 20% quedaba en manos del beneficiario”.

Otro de los casos que analiza la Fiscalía involucra a comercios que “habrían cobrado montos superiores a los reales por materiales, víveres y otros productos. La investigación busca determinar si, una vez pagadas las facturas por las juntas comunales, parte de esos fondos regresaba a los representantes de corregimiento”, puntualizó la fiscal.

ml | La Autoridad Nacional de Descentralización convocó a los comunicadores a participar en un concurso periodístico por los 10 años de la descentralización en Panamá. Los trabajos podrán publicarse del 1 de septiembre al 15 de noviembre y los premios incluyen computadoras portátiles y hasta $1,500 en efectivo. Los interesados pueden consultar las bases y requisitos en descentralizacion.gob.pa/periodismo.