Empresarios piden vigilar iniciativa para derogar contrato con PPC

Garantizar la seguridad jurídica y la confianza a los inversionistas es un factor determinante que se debe proteger a la hora de intentar derogar contratos que se encuentran vigentes, ya que estos conceptos son un pilar de la competitividad de todo el país, consideraron expertos consultados. La opinión surge en relación a la propuesta de ley 1125, que intenta derogar la ley 5 de 1997, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company, S.A.

Recientemente, se conoció que esta iniciativa será analizada en una subcomisión, la cual tendrá un máximo de 10 días para presentar sus consideraciones, según se ha explicado.

En ese sentido, Rommel Troctsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), manifestó que esto “envía señales contra la inversión extranjera, la seguridad jurídica. Manda señales equivocadas al mercado internacional, a los inversionistas que están en Panamá y los que quieren venir. Son iniciativas peligrosas, dañinas para la venta del país”.

El abogado y expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Alberto López Tom, opinó que “esto atenta contra la seguridad jurídica y el nivel de riesgo que proyecta el país a los inversionistas. La Asamblea mal puede pretender esto ahora cuando ese contrato fue aprobado por ellos. Tanto la sociedad como la Asamblea deben mejorar el nivel de supervisión al momento del otorgamiento y renovación de concesiones, y por supuesto, siempre queda el camino de impugnar la legalidad del contrato ante la Corte, que es el mecanismo apropiado para esto”.

Así, Juan Carlos Araúz, abogado y expresidente del Colegio Nacional de bogados (CNA), dijo: “No estoy de acuerdo, el país ya vive suficientes afectaciones a su imagen producto de la decisión del contrato minero, todo lo que produzca inestabilidad, debe manejarse con mucha cautela”.

Rodolfo de la Guardia, empresario de la industria de servicios logísticos, expresó que “el puerto es necesario, hay que revisar que los acuerdos entre el país y la compañía portuaria sean justos”.

Panamá extendió el contrato con Panamá Ports con el compromiso del pago inmediato de $165 millones. Tiene una vigencia de 50 años, que terminará en el 2047.

ml | La propuesta 1125, que consta de dos artículos, fue presentada por el diputado del partido Cambio Democrático, Arnulfo Díaz y plantea la derogación “de la ley 5 de 1997, por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, RO-RO de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal”.

El artículo 2 dice que la ley entrará en vigencia en un plazo máximo de 120 días, contado a partir de la promulgación.