Datos de los usuarios de Uber, en el punto de mira de las autoridades egipcia

EFE | El Parlamento egipcio aprobó esta semana una nueva ley para regular las plataformas de transporte como Uber que incluye la obligación de facilitar a las autoridades del país el acceso a los datos de los clientes. "El lenguaje (de la ley) es vago y problemático, porque podría permitir a las autoridades acceder a nombres, números de teléfono, información sobre el pago, sobre el aparato (teléfono móvil) o movimientos que pueden facilitar la vigilancia y ayudar a identificar patrones de comportamiento de los usuarios", advierte Allison McManus, analista del Instituto Tahrir para la Política en Oriente Medio (TIMEP).

McManus explica a Efe que las autoridades pueden obtener esa información a través de otras vías, pero destaca que de esta forma lo pueden hacer sin una orden judicial y amparadas por la ley.

El artículo 10 de la nueva ley asegura que estas compañías de transporte se comprometen "a mantener copias (de las informaciones de sus clientes) 180 días para que puedan acceder los aparatos de seguridad nacional o cualquier aparato gubernamental que las solicite".

La cesión de los datos personales preocupa a algunos egipcios, que han expuesto sus dudas en las redes sociales, como un cliente de Uber que preguntó a la empresa a través de Twitter: "¿Vais a facilitar mis datos a las agencias de seguridad?".

La compañía -que comenzó a operar en el país de las pirámides en 2014 y desde entonces ha tenido más de cuatro millones de usuarios- le contestó diciendo que "nunca comparte los datos personales", pero que ofrecerá más detalles cuando entre en vigor la ley, que aún debe de ser ratificada por el presidente egipcio.

Contactada por Efe, la empresa no respondió a las preguntas sobre cómo espera proteger la privacidad de sus clientes y si va a acatar todas las prerrogativas de la nueva ley, que incluye el almacenamiento de los datos en servidores en Egipto durante 180 días. Su única reacción oficial ha sido la bienvenida a la ley en un breve comunicado en internet.

"Estamos ilusionados por seguir trabajando con el Gobierno egipcio en los próximos meses para concluir los detalles de la ley", escribió Uber, que calificó la normativa de "progresiva" por su apoyo al trabajo flexible de más de 150.000 conductores que trabajan para la empresa.

La plataforma de transporte emiratí Careem, el gemelo árabe de Uber, emitió por su parte otro comunicado en el que calificó la ley aprobada por el Parlamento egipcio de "un gran paso". "Es un ejemplo a seguir y es la primera de este tipo (que se aprueba) en los mercados donde opera la empresa" en Oriente Medio, aseguró Careem.

"La aprobación de la ley manda un mensaje destacado que evidencia el deseo de Egipto de atraer grandes inversiones y de permanecer como núcleo de la creatividad tecnológica", agregó.

Para el activista egipcio Tarek Shalaby la ley ha sido aprobada por un "Parlamento no democrático que sigue las órdenes del Ejército (en referencia al presidente, el mariscal Abdelfatah al Sisi) y trabaja en contra del interés del pueblo".

Las autoridades "tienen el poder de detener el servicio de Uber o Careem y lo aprovechan para forzarlos a entregar nuestros datos, lo cual es muy peligroso y absurdo", agregó el activista, quien considera que el Gobierno no ha hecho nada para regular las plataformas de transporte o para mejorar el servicio de taxi convencional a favor del ciudadano.

A pesar de los miedos por el acceso a los datos, algunos usuarios admiten que seguirán usando esas plataformas porque ofrecen más ventajas que los taxis, como en el caso de Ahmed, un joven que arguye: "El Gobierno ya nos está vigilando y ahora también quieren seguir nuestros desplazamientos".

Para Manar, una joven egipcia que cubre su cabello con el velo musulmán, Uber o Careem son más seguros para una mujer y cree que es positivo que se les regule, al igual que considera que debería existir más control sobre los taxis.

Un grupo de taxistas egipcios presentó una demanda contra Uber y Careem, por lo que el pasado mes de marzo un tribunal administrativo egipcio ordenó la suspensión del servicio de ambas plataformas, que han seguido operando a la espera de un fallo definitivo.

Ahora, según la nueva ley, tendrán que obtener una licencia para trabajar en el país por un periodo de cinco años renovable, con un coste elevado que podría repercutir también en el precio de sus servicios.