Contraloría refrenda contratos para garantizar operatividad de los puertos Balboa Cristóbal

El contralor Anel Flores firmó el refrendo del Contrato No. A-2002-26, fechado el 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa APMT Panamá, S.A., con el propósito de asegurar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del Puerto de Balboa.

Desde la Contraloría General informaron que el refrendo se enmarca en el ejercicio constitucional y legal del control previo que corresponde a la entidad fiscalizadora sobre los actos y contratos que comprometen recursos del Estado. Según explicó la institución, esta función busca garantizar que dichos contratos se ajusten estrictamente al marco jurídico vigente, salvaguardando el interés público y la correcta administración de los bienes nacionales.

De igual forma, detallaron que se realizó el refrendo del Contrato de Concesión No. A-2003-26, también con fecha del 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa TIL Panamá, S.A., para asegurar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del Puerto de Cristóbal, considerado una infraestructura estratégica para el comercio marítimo y la conectividad logística del país.

Ambos contratos se sustentan en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020. Esta normativa establece los procedimientos aplicables a las concesiones administrativas y a los contratos vinculados con la explotación y administración de servicios públicos.

La entidad destacó que la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal es fundamental para el fortalecimiento del sistema portuario nacional, la competitividad de Panamá como hub logístico regional y la generación de empleo e inversión asociada a la actividad marítima.

Con estas actuaciones, la Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la fiscalización responsable de los actos de la administración pública, contribuyendo a que los procesos contractuales del Estado se desarrollen conforme a la ley y en beneficio del desarrollo económico y social de la República de Panamá.