Contraloría aclara que auditorías poselectorales no sustituyen la rendición de cuentas ante la entidad

La Contraloría General de la República aclaró que los informes de auditoría sobre financiamiento político poselectoral presentados ante el Tribunal Electoral no reemplazan la rendición de cuentas obligatoria ante la entidad fiscalizadora, y advirtió que persisten incumplimientos dentro de los plazos establecidos por parte de algunos candidatos electos por libre postulación.

Según la institución, “los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora”.

En ese contexto, indicó que los registros oficiales de Rendición de Cuentas reflejan información pendiente de presentación dentro del plazo reglamentario.

La Contraloría precisó que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA) y los diputados electos Alexandra Brenes y Luis Duke entregaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025. No obstante, “dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes”.

En el ámbito municipal, los informes señalan que las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, “no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral”.

Asimismo, la entidad indicó que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente, lo que “constituye un incumplimiento a la obligación prevista en la normativa vigente”.

La institución reiteró que la rendición de cuentas ante la Contraloría es “un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se desarrolla ante el Tribunal Electoral”.

Mientras el Tribunal Electoral evalúa los informes desde la óptica del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora “bajo el esquema de control previo, que exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de los recursos públicos”.

Finalmente, la Contraloría informó que quienes no cumplieron con la entrega dentro del plazo serán sometidos a los procesos de revisión correspondientes, “incluyendo auditoría forense, conforme a los procedimientos internos y al marco legal vigente”.

La entidad subrayó que estas actuaciones “no responden a señalamientos ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular”, sino al cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.