Una década que deja asuntos pendientes

Después de una década bajo una misma administración rectoral, corresponde mirar hacia atrás y preguntarnos, con serenidad, qué Universidad de Panamá queda al terminar este periodo.

Diez años representan tiempo suficiente para consolidar proyectos, corregir problemas históricos y fortalecer una institución que tiene presencia en todo el país. Sin embargo, quienes vivimos diariamente la Universidad sabemos que numerosos asuntos permanecieron sin respuesta y que muchas situaciones que requerían intervención oportuna terminaron convirtiéndose en problemas prolongados.

Una de las mayores preocupaciones ha sido la distancia entre la administración central y las realidades particulares de algunas facultades. No siempre existió una respuesta efectiva frente a conflictos internos, necesidades académicas o decisiones administrativas que afectaban directamente a docentes y estudiantes. En determinados casos quedó la percepción de que las autoridades de las facultades actuaban con excesiva autonomía, sin que desde la administración superior se establecieran los controles o correctivos necesarios.

También resulta preocupante lo ocurrido con algunos concursos de cátedra. Docentes que han participado en estos procesos y han obtenido resultados favorables han debido enfrentar largos periodos de espera debido a recursos, impugnaciones y procedimientos administrativos que pueden prolongar indefinidamente una decisión. El derecho a recurrir forma parte de todo proceso institucional, pero ese derecho tampoco debería convertirse en un mecanismo para impedir que los concursos concluyan dentro de plazos razonables. Una universidad seria necesita procedimientos claros, decisiones oportunas y autoridades capaces de garantizar que las normas se cumplan por igual para todos. Cuando un profesor obtiene legítimamente una posición mediante concurso, la institución tiene la responsabilidad de resolver con prontitud cualquier recurso y dar certeza jurídica y académica a quienes participan

. A estos asuntos se suman las necesidades de infraestructura, recursos para la docencia, investigación, bibliotecas, laboratorios y condiciones adecuadas de trabajo en distintas unidades académicas. Una universidad pública no puede avanzar únicamente desde los discursos; necesita que sus prioridades se reflejen en decisiones concretas y verificables.

El final de una administración debe servir también para reconocer aquello que no funcionó. No se trata de desconocer los esfuerzos realizados ni de convertir la crítica en confrontación personal. Se trata de comprender que la Universidad de Panamá está por encima de cualquier rector, decano o autoridad temporal. Termina una década y comienza otra etapa. La comunidad universitaria espera una administración capaz de escuchar, corregir, responder y recuperar la confianza en los procedimientos institucionales. La Universidad de Panamá merece una gestión en la que las normas se respeten, las decisiones no se posterguen y la academia vuelva a ocupar el lugar central que le corresponde. 

****El autor es doctor en Ciencias de la Información y profesor catedrático de la Universidad de Panamá***.