Minería, redes sociales y la diferencia entre evidencia e interpretación

La investigación publicada por Taladores Digitales y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), titulada La ofensiva digital para reabrir la mina de cobre en Panamá, expone interrogantes legítimas sobre la transparencia en las redes sociales. Sin embargo, también plantea una pregunta igualmente importante: ¿sus conclusiones están respaldadas por evidencia directa o por interpretaciones construidas a partir de indicios circunstanciales?

El periodismo de investigación cumple una función esencial en democracia. Precisamente por ello, debe distinguir claramente entre hechos comprobados, hipótesis e inferencias. Cuando esas categorías se mezclan, existe el riesgo de presentar como demostradas conclusiones que permanecen abiertas al debate.

Uno de los argumentos centrales del reportaje es la existencia de más de cien cuentas que amplifican mensajes favorables a la reapertura minera. Sin embargo, compartir una opinión no constituye evidencia de coordinación artificial. En una sociedad democrática, apoyar la reapertura de una actividad económica es tan legítimo como oponerse a ella.

Existe además una explicación mucho más sencilla para la presencia de miles de voces favorables a la minería: el impacto económico que tuvo el cierre de la operación. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) estimó que la suspensión de la actividad estuvo asociada a la pérdida de más de 54,000 empleos directos, indirectos e inducidos. Cuando decenas de miles de familias ven afectados sus ingresos y oportunidades laborales, resulta perfectamente razonable que participen activamente en el debate público.

Tampoco la creación reciente de cuentas, la utilización de hashtags comunes o la repetición de mensajes demuestra manipulación. Son comportamientos habituales en cualquier movimiento político, social o ambiental.

Por otro lado, el artículo presenta una contradicción metodológica difícil de ignorar. Interpreta la coincidencia de mensajes entre usuarios favorables a la minería como un posible indicio de coordinación, pero no aplica el mismo criterio a los sectores que se oponen a ella. Basta observar la difusión del propio reportaje para encontrar cuentas y grupos que compartieron simultáneamente argumentos y marcos narrativos prácticamente idénticos. Naturalmente, ello tampoco demuestra coordinación. Pero precisamente ese es el punto: si la repetición de mensajes no es prueba suficiente para un sector, tampoco debería serlo para el otro.

Existe además un elemento de contexto que el reportaje omite, espero no de manera deliberada. Durante las protestas y el posterior cierre de la mina, miles de trabajadores y sus familias enfrentaron una situación de enorme incertidumbre económica. Numerosos empleados, contratistas y proveedores fueron objeto de ataques, descalificaciones y acusaciones de actuar contra los intereses del país simplemente por trabajar en una actividad legal en Panamá. En aquellos meses, y en muchos casos hasta la actualidad, expresar una opinión favorable a la minería podía convertir a una persona en blanco de hostigamiento y estigmatización.

Resulta llamativo que muchos de los sectores que hoy amplifican y celebran el citado artículo, presentándose como víctimas de una supuesta agresión digital, guarden silencio sobre el hostigamiento sufrido por miles de trabajadores mineros durante la crisis de 2023, e inclusive hasta la actualidad. La polarización no comenzó con este reportaje ni ha sido patrimonio exclusivo de un solo sector.

La investigación también destaca la inversión en publicidad digital realizada por determinadas páginas. Sin embargo, pautar anuncios en Meta no constituye una conducta irregular. Empresas, organizaciones ambientales, movimientos ciudadanos, sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación utilizan diariamente estas herramientas para promover sus mensajes. Lo relevante no es la existencia de publicidad, sino demostrar quién la financia y quién la controla.

Asimismo, toda investigación debe respetar un principio básico: la carga de la prueba recae sobre quien formula la acusación. Si se afirma que existe una estrategia organizada para manipular la conversación pública, corresponde demostrarla mediante evidencia directa y verificable. Sin embargo, en los extractos publicados no se presenta evidencia concluyente que demuestre dirección, financiamiento o control efectivo por parte de la empresa minera. Compartir narrativas o mantener relaciones profesionales puede generar sospechas, pero no constituye una prueba.

Por otra parte, el artículo omite un aspecto fundamental: la minería continúa siendo una actividad legal en Panamá. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, que aprobaba un contrato específico, pero no prohibió la actividad minera ni derogó el marco legal que regula el sector. Defender o cuestionar la reapertura de la mina constituye, por tanto, una posición legítima dentro del debate democrático.

Tampoco puede ignorarse el peso económico que tuvo la operación antes de su cierre. Diversos informes oficiales señalaron que llegó a representar aproximadamente el 4.8% del Producto Interno Bruto nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas informó aportes por alrededor de B/. 567 millones al Estado entre 2021 y 2023, mientras que distintas estimaciones situaron la contribución económica total de la operación en más de B/. 754 millones durante 2023. Son indicadores distintos, pero ambos reflejan la magnitud de su impacto económico.

Frente a cifras de esta dimensión, no resulta sorprendente que exista un sector importante de la población interesado en debatir alternativas que permitan recuperar parte de esa actividad económica bajo condiciones jurídicas y ambientales más sólidas. Pretender que ese respaldo solo puede explicarse mediante mecanismos de influencia digital equivale a minimizar la complejidad de un debate que involucra empleo, inversión, desarrollo regional, ingresos fiscales, seguridad jurídica y gestión ambiental.

La discusión pública se fortalece cuando las conclusiones descansan sobre pruebas verificables y no sobre asociaciones circunstanciales. Panamá necesita un debate serio sobre minería, empleo, ambiente, desarrollo y seguridad jurídica. En un tema tan complejo y trascendental para el país, la diferencia entre evidencia e interpretación resulta fundamental.