Mulino rechaza presión de CK Hutchison por fallo de la Corte Suprema de Justicia

Ayer, el presidente de la República, José Raúl Mulino, salió al paso tras un comunicado de la compañía hongkonesa CK Hutchison, en el que calificó como “extremadamente absurda” la anulación de su concesión.

“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente al gobierno central”, comentó el mandatario en su cuenta de X.

Mulino adelantó que la Cancillería se pronunciaría al respecto y adoptaría las decisiones correspondientes.

La Oficina de Asuntos de CK Hutchison informó que comenzó arbitraje en contra de la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

“Ellos tiene su derecho, estamos en un Estado de Derecho y tiene instancias a recurrir. Una de ellas es la Cámara de Comercio como he leído. Acaba de comenzar. Reitero, ellos tienen su Derecho, y el pueblo panameño, representado por el Estado, tiene Derecho a lo propio”.

“Rechazo enérgicamente la injerencia extranjera contra las decisiones de nuestra CSJ frente al contrato portuario de PPC. Panamá es un Estado de Derecho soberano y el Órgano Judicial es independiente. ¡Nuestra Justicia se respeta!”

ml | La Cancillería panameña emitió un comunicado respaldando el fallo judicial que puso fin a los contratos de concesión de Panama Ports Company, filial con sede en Hong Kong que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal. En la nota, el Ministerio reafirma “de manera clara e inequívoca” su compromiso con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto irrestricto a las instituciones democráticas.

“La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño. Se trata de una determinación estrictamente jurídica, adoptada tras el análisis de una controversia legal relacionada con una concesión portuaria, y no de una decisión de carácter político ni geopolítico”, añadió la institución.

“El Gobierno Nacional respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado y exhorta a todas las partes, nacionales e internacionales, a hacer lo propio, tal como se espera que ocurra cuando una empresa panameña es sometida a procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas”, agrega el documento.

Finalmente, se aclara que Panamá mantiene la neutralidad del Canal como un principio fundamental, protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la propia Constitución. Su resguardo incluye la defensa del interés público, la legalidad y la transparencia en la administración de activos estratégicos vinculados a su operación. “Cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal correspondiente”, concluyó la Cancillería.