Agua, luz e internet entran al debate de la Asamblea

Los servicios públicos y el acceso al agua potable se perfilan como los temas que marcarán la agenda legislativa, con al menos seis iniciativas presentadas por diputados de distintas bancadas, entre anteproyectos de ley y proyectos que ya avanzan en su trámite.

Entre las propuestas en etapa preliminar se encuentran los dos anteproyectos del diputado Alaín Cedeño. Uno crea la Autoridad del Agua para reestructurar el sector de agua potable y saneamiento, mientras que el otro modifica la Ley 93 de 2019 para permitir que esa entidad desarrolle proyectos mediante Asociaciones Público-Privadas (APP).

También fue presentado el Anteproyecto de Ley N.° 65, del diputado Lenin Ulate, que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano y establece un nuevo marco jurídico para garantizar un suministro continuo, seguro y accesible.

En la misma etapa se encuentran la iniciativa del diputado Jairo Salazar, que propone compensaciones automáticas por interrupciones prolongadas de servicios como electricidad, telefonía e internet, y el anteproyecto del diputado Manuel Samaniego, que busca frenar aumentos injustificados en la tarifa eléctrica.

Entretanto, ya avanzan en el proceso legislativo la propuesta del diputado Miguel Campos, que obligaría a las empresas de energía eléctrica e internet a detallar en la factura las interrupciones del servicio y los descuentos aplicables, así como el Proyecto de Ley 537, del diputado Francisco Brea, aprobado en primer debate, que plantea que los usuarios paguen únicamente por el consumo real de los servicios.

ml | El proyecto de ley que el Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional busca fortalecer la regulación del servicio eléctrico, corregir deficiencias en el suministro y garantizar una mayor protección a los usuarios.

La iniciativa, que reforma la Ley 6 de 1997, establece mayores controles sobre las empresas distribuidoras, eleva las multas hasta B/.20 millones por incumplimientos y faculta a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para intervenir temporalmente a los prestadores del servicio cuando sea necesario corregir irregularidades o durante procesos de rescisión de contratos o licencias. Además, contempla mecanismos de compensación para los clientes, nuevos estándares de transparencia y obligaciones de inversión para modernizar la red eléctrica.