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Imputan cargos y dictan medidas cautelares a exdirectores de entidades de seguridad en caso “Operación Furia”

16 de julio de 2020

El juez Eric González formuló cargos por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos a ocho personas que fueron llevadas a audiencia de garantías, tras ser detenidas durante la “Operación Furia”, entre los que se encuentran exdirectores de organismos de seguridad nacional.

En la audiencia de imputación que se inició a las 2:30 p.m. del miércoles, 15 de julio y se extendió hasta las 2:00 a.m. de este jueves, 16 de julio, se le imputaron cargos a: Belsio González, ex director del Senan; Frank Ábrego, exdirector del Senafront y a Omar Pinzón, exdirector de la Policía Nacional.

A estos tres exfuncionarios de alto perfil se les decretó la medida de prohibición de salida del país y arresto domiciliario.

En tanto, a Jack Betesh, de la empresa Aerotécnica de Panamá; así como a Juan Pineda, Luis Cegarro y Roberto García Dapena también se le imputaron cargos por el delito a la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de armas y explosivos.

Pineda y García Dapena tendrán que reportarse dos veces al mes, mientras que los otros tienen detención domiciliaria e impedimento de salida del país.

Se conoció que la fiscalía solicitó la detención provisional para todos, sin embargo, el juez Eric González consideró que los fiscales no aportaron los elementos suficientes para justificar la aprehensión de los investigados; por tanto, decretó ilegal las aprehensiones.

Se estableció un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.

Operación Furia

En una conferencia de prensa, el director de la Policía Nacional Jorge Miranda dijo que hay 28 personas investigadas, presuntamente vinculadas al caso, sin ofrecer mayores detalles debido a que se siguen realizando las diligencias. En esta operación, se efectuaron allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.

Se decomisaron 34 armas, entre estas: 16 pistolas, 13 fusiles de guerra, 1 rifle, 4 escopetas y más de 2 mil municiones. La investigación, según las autoridades, inició en marzo de 2019.

 

 

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