Promotoras de vivienda acudirán a la Comisión de Presupuesto para garantizar el pago de B/.140 millones adeudados

Luego de una reunión entre las promotoras que construyen casas de interés social y el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes, la entidad se comprometió a solicitar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito extraordinario para cancelar la deuda de B/.140 millones que se tiene con estas empresas.

Sin embargo, Diosa Cedeño, propietaria de una promotora en Azuero, señaló que los miembros del gremio acudirán junto al ministro Paredes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, “y ahí estaremos todos, porque ellos deben entender lo delicado del asunto”.

Según reportes, la deuda con las promotoras corresponde al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), que no se ha entregado a los constructores desde 2022, aunque ya se entregaron las residencias a al menos 16 mil familias de escasos recursos que seleccionaron las autoridades.

El FSV consiste en un bono de B/.10,000 (diez mil balboas) que el gobierno entrega como ayuda a familias para que obtengan una vivienda digna. Este dinero se desembolsa a las promotoras que construyen las casas.

Se recordó que en agosto de 2023 el MIVIOT prometió pagar, pero al llegar octubre del mismo año no se había desembolsado el dinero. “Esto provocó que empresarios, promotores, obreros y proveedores de las construcciones de viviendas de interés social de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Chiriquí cerraran los cuatro paños de la vía interamericana a la altura de Divisa. Ahora se han sumado promotoras de la capital”, resaltan los promotores.

Los empresarios aseguran que “al día de hoy la deuda asciende a B/.140 millones”.

Según el gremio, “la realidad es que, si no se paga la deuda, peligra el empleo de al menos 5,250 (cinco mil doscientos cincuenta) obreros destinados a la construcción de 16 mil viviendas de interés social entre 2024 y 2025, situación que se hace más delicada si se suma la afectación a 7,500 personas vinculadas a proveedores de materiales, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público”.