Ministro Chapman sustenta en primer debate el Presupuesto General del Estado 2027

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el proyecto de Ley 644, que fija el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027 por un monto de B/.35,111.75 millones. Durante su intervención, Chapman explicó que “el presupuesto fue presentado en tiempo, como manda la Constitución. Este es un presupuesto responsable, realista y ejecutable. Cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, reduce el servicio de la deuda en más de B/.2,400 millones respecto al año 2026 y prioriza la inversión y la atención social por encima del gasto de funcionamiento”.

El titular de la cartera, acompañado por los viceministros Fausto Fernández y Eida Gabriela Sáiz, así como por directores de la institución, detalló que el MEF acogió todas las observaciones formuladas por la instancia legislativa, con excepción de aquellas vinculadas a la atención de emergencias. Sobre este punto, precisó que los recursos necesarios no podían postergarse hasta 2027, sino que debían habilitarse de inmediato durante el presente año para atender con prontitud las necesidades gestionadas por las entidades responsables. De este modo, la cifra global se mantiene en B/.35,111.75 millones, pero contempla reasignaciones por B/.432.08 millones. Entre ellas destacan B/.262.30 millones orientados a la inversión pública (que incluyen B/.80.20 millones para hacer frente a la emergencia nacional derivada del fenómeno de El Niño), además del incremento de los fondos destinados al pago de primas de antigüedad, que ascienden a B/.94.73 millones.

La orientación del presupuesto genera un impacto directo en la actividad económica y comercial al priorizar la inversión pública, enviar una señal de estricta disciplina fiscal que reduce el costo del servicio de la deuda y proteger los recursos para proyectos prioritarios y asistencia social. Con esta estructura, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad a los proveedores y contratistas del Estado, al tiempo que garantiza que las emergencias en curso dispongan de financiamiento oportuno sin comprometer la ejecución fiscal del año 2027.