La APEDE advierte que Panamá debe elevar sus estándares logísticos tras el fallo sobre Panama Ports Company

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, afirmó que el país enfrenta una gran oportunidad para ordenar su sector logístico y evitar repetir errores del pasado, luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el contrato de la Panama Ports Company.

Según la dirigente empresarial, la logística representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto del país y genera miles de empleos directos e indirectos. Panamá moviliza alrededor de 10 millones de TEUs al año y funciona como un punto de conexión estratégico entre continentes, por lo que advierte que “cada decisión que se toma en este ámbito impacta la confianza de los inversionistas, la estabilidad jurídica y la competitividad del país”.

De Sanctis recordó que hace tres décadas, al concesionarse los puertos de Balboa y Cristóbal, “el contexto era completamente distinto”. En ese momento, Panamá se preparaba para la reversión del Canal y requería inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas. “Aquella decisión respondió a una realidad económica concreta. Hoy el escenario es otro”, señaló.

La presidenta de APEDE resaltó que los cambios contractuales posteriores en esas concesiones, que generaron cuestionamientos y terminaron en los tribunales, dejan una advertencia inequívoca. Según expresó, “la seguridad jurídica no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio”.

Añadió que, desde una perspectiva jurídica, la estabilidad de un país se construye no solo sobre el respeto a la ley, sino también sobre la correcta estructuración de los contratos: “Cuando las reglas son claras, no hay espacio para interpretaciones que debiliten la institucionalidad”.

De Sanctis sostuvo que las próximas concesiones para los puertos de Balboa y Cristóbal se están preparando con parámetros de última generación. Sin embargo, afirmó que esta experiencia debe servir para ir más allá: crear un nuevo marco legal que abarque toda la infraestructura marítima, portuaria y logística del país.

Ese marco, según enfatizó, debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad y asegurar una distribución equitativa de los beneficios. También debe contemplar licitaciones abiertas y transparentes, criterios técnicos claros y mecanismos de fiscalización robustos “que garanticen que cada concesión genere inversión, empleo, transferencia de conocimiento y beneficios reales para el país”.