El MEF suspende créditos fiscales “sospechosos” y pide auditoría

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, anunció la suspensión de créditos fiscales “sospechosos”, la separación de funcionarios bajo investigación y una auditoría integral de la Contraloría en la Dirección General de Ingresos (DGI), para “proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia de la administración tributaria”, tras el caso Pandora que destapó “irregularidades” en la entidad.

“Se han separado del cargo todos los que están involucrados, por supuesto, en un estado de derecho, tiene que haber presunción de inocencia o tienen derecho a defenderse y van a ir por las instancias judiciales”, indicó Chapman.

El titular del MEF dijo que “a lo interno de la DGI, primero hemos suspendido todos los créditos fiscales sospechosos. Ya empezamos con un plan para reforzar todos los procesos y los trámites. Se van a eliminar todos los trámites manuales que se prestan al juega vivo, a la trampa, a la manipulación. Nos vamos a apalancar en tecnología”.

Chapman afirmó que le pidió “directamente al contralor general de la República, que inicie una auditoría integral en la DGI para tener una opinión externa, independiente que valide la hipótesis que tenemos de juega vivo y de los delitos que se han cometido”.

ml | El caso Pandora investiga un supuesto esquema de fraude en la DGI. Según el Ministerio Público, funcionarios y particulares manipulaban el sistema E-Tax para anular deudas antiguas y crear créditos fiscales ficticios, que luego vendían a terceros. Hasta el momento hay 16 personas bajo medidas cautelares por su vinculación a la red, entre ellas funcionarios de la DGI, abogados y particulares. A estos se les acusa de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. El ministro detalló que se trata de un esquema que se habría desarrollado durante varios años y que logró evadir los controles existentes. “Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema que heredamos. Pero no importa cuándo empezó. Nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, concluyó Chapman.

“La institución debe reconstruir cada operación, diferenciar con rigor a las víctimas de los posibles participantes y aclarar, sin dilaciones, la situación fiscal de cada persona o sociedad afectada. No se puede trasladar al contribuyente honesto el costo de las fallas”.

“Los responsables de este fraude deben ser identificados, procesados y sancionados con todo el rigor de la ley, sin excepciones ni contemplaciones, por el grave daño que ocasionan al sistema tributario, a los contribuyentes y a la credibilidad institucional del país”.

Cualquier acto irregular debe investigarse y todo aquel que esté vinculado con hechos delictivos, tiene que someterse al proceso judicial correspondiente, sin distinción alguna.Debe haber un proceso de verificación y depuración de los procedimientos para que esto no vuelva a repetirse.